El gobernador Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, oficializaron el plan integral de la provincia para combatir a los ladrones de cobre y otros metales no ferrosos, una modalidad que dio señales de haber crecido en los últimos años. A través de la creación de un catálogo digital y la reglamentación de la ley que controla las transacciones de ese bien, entre otras estrategias, planean seguir atrapando a quienes se benefician en ese mercado negro.
Mercado negro
Cornejo y Rus lanzaron un plan integral para perseguir a los ladrones de cobre en Mendoza
La serie de medidas contó con la reglamentación de una ley que crea un registro de actividades. Además, las causas quedarían para un único fiscal y se estableció el valor de las multas
El programa incorpora la reglamentación de una ley que fue sancionada en 2022.
Concretamente, cada individuo o persona jurídica que busque comercializar cobre, aluminio o cualquier otro metal no ferroso, deberá anotarse primero en un registro oficial dispuesto por la provincia. Es una de las metodologías que se incorporaron con la ley 9.447, sancionada por la Legislatura en 2022 y reglamentada horas atrás. Esa reglamentación se hizo oficial este jueves, con la publicación de los detalles en el Boletín Oficial.
En ese banco de datos, deberá consignarse información de la persona; qué tipo de operación realiza y con quién y cómo se transportó el material, entre otros elementos centrales. Esos datos deberán ser obligatoriamente actualizados por dichas personas y además, se consigna, será necesario que cuenten con habilitaciones municipales para poder realizar los intercambios. Todo a partir de ahora pasará a formar parte, una vez cargado en el sistema, del Registro de Actividades Vinculadas a la Comercialización de Metales No Ferrosos y Otros, que funcionará en el ministerio de Seguridad.
Esto llegó tras un encuentro que mantuvieron la ministra y el gobernador con el titular de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, parte de la cúpula policial, personal de la Dirección General de Investigaciones y miembros del Ministerio Público Fiscal. A su vez, Rus explicó esta semana que se reunió con el procurador general, Alejandro Gullé y que dispusieron que todas las causas vinculadas a este tipo de delitos recaigan en un único fiscal.
A los dos puntos centrales (la decisión tomada en torno a la fiscalía a la que llegarán los casos y el hecho de reglamentar la ley) se sumará también un catálogo informático que les servirá a las empresas. Ah, aquellos proveedores de servicios públicos y las firmas dedicadas a conectividad y telefonía podrán cargar información de sus materiales, para más tarde y en caso de que sea necesario, tener una mayores posibilidades de recuperarlos.
► TE PUEDE INTERESAR: Legisladores demarchistas pidieron a Cornejo que limite el "impuestazo" del Automotor
Casi 100 detenidos en el mercado negro del cobre
“Mendoza tiene que ser hostil al mercado ilegal de cobre”, lanzó la ministra durante la presentación del plan. En los últimos dos años, según cifras oficiales, más de 76 personas cayeron cometiendo delitos como el robo de cables. Fue producto cerca de 123 allanamientos en distintos puntos de la provincia. Debe recordarse que es una práctica que no sólo implica la pérdida de ese bien, sino que afecta directamente a la provisión de servicios esenciales para la ciudadanía.
La reglamentación también marcó que la policía, además de labrar actas de infracción, podrá secuestrar todos los bienes que se encuentren enmarcados en la ley, al mismo tiempo que disponer directamente la clausura del establecimiento. Ahí, los involucrados podrán hacer un descargo y ofrecer pruebas durante los siguientes diez días hábiles. Si hay clausura, deberán dar participación a cada municipalidad correspondiente.
Además, la nueva normativa les prohíbe a las empresas prestatarias de servicios públicos vender estos metales no ferrosos en el mercado minorista. Hasta la reglamentación publicada este jueves, no estaba establecida la cantidad que definía a una venta como “minorista”. Ese valor se estableció en cinco kilos. Es decir, esas empresas no podrán vender ninguna cantidad por debajo de ese umbral.
“Los sujetos alcanzados que no estén inscriptos en el registro mencionado serán sancionados con multa desde seis mil (6000) UF y hasta nueve mil (9000) UF”, dice el texto. A ello se suma, desde luego, el decomiso de todo el material sospechoso que sea encontrado. Hasta el momento, en el bienio 2022-2023, las fuerzas de seguridad han recuperado 40 mil kilos de cobre del mercado ilegal mendocino.
► TE PUEDE INTERESAR: Llegó el descenso de temperaturas máximas y se esperan "tormentas severas" en el Gran Mendoza