De los 102.500 trabajadores que estaban en planta permanente en el Estado mendocino en diciembre del 2015 o debieron ingresar por paritarias en el 2016, habrá casi 10.000 menos el 31 de diciembre de este año. En 4 años, Alfredo Cornejo logró que se jubilaran 6.087 empleados, a ellos se suman 2.275 bajas por distintas razones -esto es cesantías, renuncias y fallecimientos-, y 1.400 empleados de la DGE que en diciembre terminarán programas especiales. La suma total asciende a 9.762 empleados públicos menos, lo que supone una reducción del 9,5% de la planta de personal.
Te puede interesar: Horóscopo: ¿Vas a terminar el año en pareja? ¿qué dicen los signos del zodiaco?
Cada vez que pudo en este año electoral, Alfredo Cornejo sacó a relucir un logro que lo enorgullece y lo diferencia: es uno de los pocos gobernadores que concluirá su gestión habiendo reducido notoriamente la planta de empleados públicos, número que históricamente creció con cada gobierno, al menos en Mendoza.
Según los números oficiales, sólo en el gobierno del ex gobernador Francisco Pérez esa misma planta aumentó un 10%. Pasó de tener 93.176 trabajadores a 102.518 cuando dejó Casa de Gobierno.
Sin dudas, lo que más repercutió en esa reducción fue el Programa de Moratoria previsional, a través del cual se consiguió jubilar a empleados que tenía la edad y los aportes para jubilarse, y también a unos 540 empleados que les faltaban aportes, les permitieron acceder a la jubilación a través de un subsidio con el que saldaron lo que les faltaba. En lo que va de la gestión se jubilaron más de 5.087 empleados, pero esa cifra sumará unos 1.000 trabajadores que se prevé que lo hagan en lo que queda del año.
"Eso fue una decisión política de gestionar con eficiencia, pero también se modificaron los plazos de la jubilación, pasaron de ser un año a sólo 6 meses. Además sólo se cubrieron las vacantes necesarias, es decir los cargos docentes y de policías. No hay menos docentes ni policías, ni médicos, ni enfermeros", evaluó Ulpiano Suarez, Subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.
Otro de los cambios que también impactó en esta baja fue la implementación -en febrero de este año- de la Oficina General de Sumarios que agilizó unos 974 expedientes que dormían empolvados en algún cajón de Casa de Gobierno. De estos, 347 se iniciaron durante la gestión de Celso Jaque y 300 en la de Pérez; mientras que 327 eran muy viejos: ya tenían entre 5 y 8 años de haberse iniciado.
Si bien la cantidad de bajas por sumarios es baja, a ellas hay que sumar las que se dieron por cesantías, causadas por ejemplo por reiteradas inasistencias, los fallecimientos y las renuncias. Así el total de las bajas asciende a 2.275 empleados públicos menos.
La sumatoria se completa con la salida de 1.400 empleados de la DGE que no estaban frente al curso, sino que tenían a cargo distintos programas especiales que concluyen en diciembre.