Mejoras urgentes. Para optimizar el riego y el uso del agua los trabajos podrán estar terminados en 5 años.
Tanto en el Gobierno como en Irrigación saben que el plan del agua, y la implementación del Código, exigen inversión en obras de impermeabilización de canales e hijuelas, y también para apostar a la macromedición que permita saber qué cantidad de agua se le da a cada oasis.
"Este es el momento de hacerlo. Tenemos fondos disponibles y financiamiento externo. Además si no invertimos en planificar cómo usar y distribuir el agua vamos a tener grandes problemas porque las mediciones nos marcan que en 30 años vamos a tener el 50% menos de agua que hoy", justifican desde el Gobierno, para reforzar la oportunidad y la decisión política que ya está tomada.
Claro está que este es el inicio de una ardua discusión que desencadenará intentar modificar "los usos y costumbres" de la distribución del agua en un desierto como el de Mendoza. Es que en esta provincia cambiar el sistema de distribución del agua, es más o menos como pretender modificar la coparticipación de impuestos: si se toca una porción de la torta arde Troya.
De hecho, sólo el anteproyecto que cargó Irrigación en su página web y que estará disponible para analizarlo hasta el 15 de agosto ya levantó tal polvareda.
Productores, empresarios e industriales corrieron a bajarlo para deshilacharlo y hasta se conformó una mesa agropecuaria con varias cámaras de productores para analizar punto a punto el nuevo código.
En paralelo un grupo de abogados y referentes que fueron consultados previamente por Irrigación, entre ellos el experimentado Miguel Mathus Escorihuela y el ex juez de la Corte, Alejandro Pérez Hualde, le enviaron a Sergio Marinelli una extensa nota de varias páginas con cada uno de los artículos que objetan del bosquejo del código.
A la discusión se prendió la oposición, que no sólo organizó varias reuniones con los productores, sobre todo de la zona Este y del Norte provincial, sino que puso a sus técnicos a analizar cada artículo para tener cómo fundar sus críticas. Hasta la infaltable crítica de los pampeanos apareció en pos del nuevo código.
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El superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, defendió la necesidad de tener un Código de Agua, y argumentó que le da a la provincia una seguridad jurídica que no tiene en el manejo tanto del agua superficial, como de la subterránea.
El principal argumento del superintendente de Irrigación es que con el nuevo código se ordenaría la legislación del ciclo del agua (hoy existe una ley de agua superficial y otra de aguas subterráneas) y que además con un Plan de Agua - que a su entender debería aplicarse después de tener aprobado el código- se logrará tener una línea de ruta para la utilización hídrica que contemple el cambio climático, que exige cambiar la forma de gestionar el agua.
Al parecer Cornejo no está tan convencido de que se deba avanzar con esas prioridades y sí se inclinaría por cargar las tintas en el Plan de Agua y que luego el código contemple los mismos principios y le dé seguridad jurídica de manera que los futuros mandatarios lo sigan aplicando como política de Estado. Tanto es así, que evalúa mandarlo a la Legislatura para abrir el debate y que salga con consenso político.
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¿Hay que hacer un dique más o mejorar el acceso al agua?
Para cumplir con la ambiciosa meta de distribuir el agua según la demanda y no darla en virtud de la oferta, es clave poder establecer qué cantidad de ese líquido necesita cada parcela, cada cultivo y en qué momento. Sólo por dar un ejemplo, una plantación de olivo no exige la misma cantidad de agua que una viña, o que una plantación de tomate.
Si el debate se centrara en el riego agrícola, no faltaría quien argumentara que sería clave poder construir el proyectado dique de Uspallata.
Sin embargo, en Irrigación aseguran que para cumplir con la meta del Código de Aguas se debería apostar a hacer un conjunto de reservorios que permitirían acercarle el agua a los pequeños productores.
Mendoza – 181108 – POR LA CIUDAD – FOTOS GALUYA – TOMERO – OBRERO DE FINCA DANDO EL AGUA PARA RIEGO – FOTOS GALUYA
El nuevo Código de Agua contempla un cambio clave a la hora de otorgar el recurso hídrico: dejar de darlo por la oferta del agua, y empezar a otorgarlo por la demanda.
Pasa que con el actual sistema de riego, y con la costumbre instalada en los productores de "regar todo lo que se pueda cuando hay agua y si sobra, plantar más para usar el agua", parece imposible controlar la cantidad de lo que se usa.
En un año de mucha nieve -como este 2024- se espera que se pueda tener agua todo el tiempo en el sistema de canales que llegan a las distintas zonas productivas. Ese sistema hoy no permite controlar demasiado la cantidad de agua que toma cada productor -ni siquiera si toma lo que necesita o más- porque el mismo sistema de gravedad hace que una vez que se envía el agua, si no se usa en su paso, la cantidad de agua que llega a las puntas del canal se termina desbordando. Eso también explica que no se tengan los canales llenos todo el tiempo para evitar ese derroche.
A eso se suma que en varias cuencas, las redes de distribución tienen grandes fallas que hacen que el agua se pierda en varias hijuelas y no llegue a las fincas.
Una opción -tal vez más viables en otros países y con economías más sanas- sería la tecnificación de riego por goteo. Pero en la realidad mendocina, en donde proliferan los pequeños productores con fincas de entre 3 y 5 hectáreas, pensar que ellos pueden con su rentabilidad implementar esa tecnificación es una utopía.
"Tenemos que apostar a conocer muy bien la demanda, los usos, el parcelamiento actual, tenemos estudios para calcular cuáles van a ser las rentabilidades. Para ver cómo con menos volumen de agua de lo que hoy tenemos, porque el cambio climático no lleva a eso, y con un sistema que nos permita acercar el agua, podemos mejorar el uso y ver cómo se financia esa eficiencia a nivel de cuenca", se proyectó Marinelli.
Y explicó: "La idea es hacer un balance. Hoy se le da la oferta de agua, no lo que necesita, no atendés la demanda. En los años buenos les sobra el agua, entonces el que tiene más agua, quiere plantar más y le das un derecho precario y los de abajo dicen, no, pará, que esa agua llegue para abajo, porque se me secan las fuentes".
Por tanto la idea del superintendente de Irrigación es apostar a la medición, que permita acotar la necesidades del agua, de acuerdo a los cultivos, el suelo y el clima. Determinarlo por zonas o por inspección de cauce y establecer un aforo, que es un requisito de la ley actual, y es el motivo por el cual no se dieron más derechos definitivas sino eventuales.
Ahora bien, una de las preguntas clave que pretende responder el nuevo código, es ¿cómo se puede saber si habrá agua disponible para otros usos, si no existe un tope para los que actualmente se reparten ese líquido elemento?. Para Marinelli la respuesta está en hacer eficiente el sistema y eso requiere medición y planificación, y hacer un mejor manejo tanto del agua superficial como de la subterránea.
El gran debate: si falta agua quién define la disponibilidad y las prioridades
La discusión que ya arrancó es esperable. Si se cambia la forma de otorgar el agua, a futuro si hubiera escasez ¿quién definirá la disponibilidad y las prioridades?.
Para calmar los ánimos, desde Irrigación juran y perjuran que el espíritu del código es mantener el riego en los distintos oasis, garantizar los derechos existentes y buscar la forma de ser más eficientes para no perder más hectáreas explotables a futuro.
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El código establece nuevas prioridades de uso del agua, pero mantiene la prioridad del uso humano y le da la misma prioridad al uso agrícola.
Sin embargo, sobre todo los regantes del Este y el Norte ya encienden luces de alerta. Y no falta quien agita la posibilidad de que basándose en la mejor distribución del agua y de encontrar mayor rentabilidad, a futuro se prioricen nuevos emprendimientos económicos por encima del riego agrícola.
"Son varios cambios los que hacen ruido. Por un lado, Irrigación dejaría de ser tal para ser Dirección General del Agua, y por tanto no sólo tendrá potestad en el agua de riego, sino también en la de uso humano. Además el artículo 70 establece que la autoridad de aplicación, o sea quien conduzca ese organismo tendrá la posibilidad de alterar las prioridades del uso del agua en virtud del beneficio económico que ese nuevo uso pueda generar, es decir le da un poder tremendo a quien conduzca que en general es designado por el gobernador de turno", marcó Federico Marcuende, uno de los agricultores del Este que levantó la voz contra el código.
Como respuesta a este planteo, el mismo Marinelli salió a desbaratar fantasmas.
"De la lista de prioridades que había en la vieja ley se quitó la prioridad del tren, porque en aquel momento eran trenes a vapor y estaban en la lista. Después hay que decir que el artículo 15, habla de la inexistencia y la disponibilidad del agua, y establece que cuando de la operación de aforos resulte que la disponibilidad en determinados cauces acuiferos se encuentre totalmente comprometida con los usos ya otorgados, se declarará tal situación y no admitirá ninguna solicitud de nuevos aprovechamientos. Si no hay disponibilidad no hay más agua para nadie, salvo agua potable que tiene prioridad", marcó.
Hay que decir que de la letra del anteproyecto del nuevo código, en el título V, que se enfoca en el uso del agua, se afirma que se mantiene la regulación actual de usos y se incluyen otros nuevos, como el arbolado público, turismo y actividades petroleras o mineras y se ratifica que "la prioridad sigue siendo el abastecimiento para la población seguido por el riego de arbolado público y la agricultura".
También se acota que el régimen permisional y concesional se rediseña y se establecen condiciones como el plazo para los nuevos derechos sobre aguas públicas que se otorguen a futuro.
Las concesiones de aguas superficiales y subterráneas serán otorgadas por ley con un informe de la Autoridad de Aguas (DGA), conforme los resultados del aforo, sin afectar a usuarios preexistentes y atendiendo al uso eficiente. Para el reuso, el título habilitante será otorgado por la DGA Las concesiones de aguas superficiales y subterráneas serán otorgadas por ley con un informe de la Autoridad de Aguas (DGA), conforme los resultados del aforo, sin afectar a usuarios preexistentes y atendiendo al uso eficiente. Para el reuso, el título habilitante será otorgado por la DGA
Allí también queda marcado expresamente que se introducen instrumentos para ampliar la protección del agua y el ambiente, como la regulación del caudal ambiental, priorizando el riego del arbolado público y evaluación de impacto ambiental para obras menores.
Las actividades extractivas, con prioridad inferior al riego agrícola, requerirán una manifestación específica sobre Recursos Hídricos en sus evaluaciones de impacto ambiental.
Para la minería metalífera, se reafirma la vigencia de la Ley 7.722, mientras que el fracking seguirá las normativas vigentes para el análisis de riesgos y el tratamiento del agua de retorno.
Los principios establecidos complementan las normas nacionales de presupuestos mínimos (artículo 41 CN), imponiendo restricciones a actividades que afecten el ambiente cercano a cursos de agua, protegiendo áreas glaciares, regulando el manejo de envases fitosanitarios, y asegurando que la actividad forestal no afecte el funcionamiento hídrico ni integridad de áreas naturales protegidas.
