Investigación por incompatibilidades

Marijuán ya tiene datos para investigar a 97 mil estatales mendocinos por el Potenciar Trabajo

El fiscal federal descubrió que más de 8.500 empleados de 10 provincias cobran el plan, lo que es incompatible. Mendoza no entró en el listado porque brindó la nómina de estatales con demora. Desde el Gobierno explicaron que hubo dificultades en la carga

El Gobierno de Mendoza quedó por un momento en el ojo de la tormenta después de que la investigación del fiscal federal Guillermo Marijuán revelara que era una de las 14 jurisdicciones que no había presentado la base de datos de sus empleados para que fueran cotejados con la del Potenciar Trabajo y así descubrir si hay o no irregularidades entre los beneficiarios del plan social.

Marijuán hizo la denuncia el 8 de noviembre con el "objeto de verificar la posible existencia de incompatibilidades", es decir, con intención de averiguar si entre empleados de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires hay "beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local Potenciar Trabajo".

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Para ello se pidió a las 24 jurisdicciones que presentasen la nómina de empleados estatales. Diez de ellas lo hicieron a término, según la denuncia de Marijuán, pero otras 14, entre las que está Mendoza, no.

Ante la consulta de Diario UNO, el Gobierno provincial informó que la base de datos fue suministrada "la semana pasada" por la dificultad en la carga en el sistema nacional.

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Marijuán descubrió que más de 8.500 estatales cobran Potenciar Trabajo

El sitio Infobae anticipó la información el lunes. La misma da cuenta que el fiscal federal Guillermo Marijuan, titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, logró acreditar que al menos 8.535 empleados de 10 provincias son beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, un hecho que resulta incompatible.

En su denuncia acusa a estas personas de "la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública".

La investigación abarca también a los funcionarios nacionales y provinciales que con "sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público".

Esta investigación preliminar iniciada en Buenos Aires y caratulada como "caso Coirón Nº 234746/2023" ya fue remitida a los fiscales federales de turno de esas diez provincias que brindaron la información solicitada, con la nómina de los empleados en falta.

A ellos solicitó "requerir que, una vez impulsada la acción penal, se proceda a ordenar al área del Ministerio de Capital Humano que actualmente gestiona el Programa Potenciar Trabajo que suspenda los planes involucrados, sin perjuicio de un reempadronamiento con previa citación y acreditación de los extremos legales del Programa.

De tal suerte se impone, de manera inmediata, la necesidad de hacer cesar los efectos del delito procediendo a la suspensión y/o baja de estos beneficios percibidos en clara transgresión a la normativa y al espíritu perseguido por el Estado Nacional al momento de su creación".

Las provincias que quedaron, por ahora, fuera de la denuncia por no brindar la información pedida por Marijuán a tiempo fueron, además de Mendoza, Catamarca, Chaco, Chubut, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Neuquén, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Buenos Aires, en tanto, respondió de manera parcial.

Desde el Gobierno nacional señalaron que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ya prepara una resolución para dar de baja a esos 8.538 empleados públicos investigados.

La respuesta de Mendoza

Desde el Gobierno de Mendoza dijeron a Diario UNO que "la semana pasada" fueron pasados los datos solicitados por el fiscal Marijuán.

La demora surgió, según indicaron, porque la solicitud de la Fiscalía "incluía cargar las bases de datos en sistemas y con formatos dispuestos por la Nación a través del SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social)".

Esto "generó la necesidad de generar usuarios y permisos en la plataforma de ese organismo, para luego adaptar y codificar la información disponible conforme a los requerimientos nacionales".

Según contaron informalmente, la Provincia debió cargar uno por uno los más de 97.000 empleados provinciales a un sistema nacional que funciona con muchas dificultades.

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Las provincias en las que se encontraron incompatibilidades

Según la denuncia de Marijuán, en Tucumán hay 1.145 empleados que cobran el Potenciar Trabajo; en La Rioja, 1.060; en Jujuy, 652; en Corrientes, 518; en Salta, 434; en Río Negro, 198; en Córdoba, 194; en Formosa, 180; y en Santa Cruz, 128.

Buenos Aires presentó información parcial, solo relativa a tres ministerios: en el de Seguridad se encontraron 809 que cobran Potenciar Trabajo; en Cultura y Educación, 858 y en la Jefatura de Gabinete, 576.

Ya con la información de Mendoza en mano, se espera que el fiscal federal avance en el cotejo de los datos con la base del plan social para remitir a la fiscalía local de turno el resultado de la investigación y proceder con la denuncia igual que lo hizo con las otras jurisdicciones.