"Si los ríos son de las provincias, la energía que generan esos ríos también lo es". De esa lógica, plasmada en la Constitución, partió el Gobierno mendocino para gestar el reclamo que ya llevó al Congreso y hasta la Corte Suprema de la Nación y que le significaría recaudar millones de dólares de la venta de esa energía.
Política hidroeléctrica
Cómo es la estrategia del Gobierno de Mendoza para controlar 7 centrales hidroeléctricas
La provincia pretende ser quien tenga el poder de otorgar las concesiones de esas 7 centrales del Sur provincial que se vencen en 2024. Hoy sólo controla 3 de ellas y la Nación las 4 restantes
Las regalías de la energía que producen las centrales hidroeléctricas de los Nihuiles, es un viejo reclamo de Mendoza. Hoy representan 550 millones de dólares que la Nación debería pagarle a la provincia por haberle dado erróneamente la mitad de esas regalías a La Pampa durante 50 años.
La máxima aspiración de Rodolfo Suarez y del mismo Alfredo Cornejo es que en un futuro cercano la Nación le dé a Mendoza el poder de ser quien otorgue las concesiones de todas las centrales hidroeléctricas que generan energía y la venden a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima)
Hoy la Nación maneja las concesiones de cuatro de las centrales que generan energía en el Sur provincial, y Mendoza sólo tiene el poder de hacerlo sobre las tres centrales del río Atuel: Nihuiles I, II y III.
Pero además de esa pretensión, el Gobierno y sus asesores técnicos tienen un "plan B" que les parece atractivo y posible: quieren que al menos la Nación le pague a la provincia 553 millones de dólares por las regalías mal liquidadas de los Nihuiles, que el Gobierno nacional repartió "equivocadamente" durante 50 años entre Mendoza y La Pampa. Esa sería una moneda de negociación.
Definir el reclamo de Mendoza es urgente: las concesiones de esas 7 centrales hidroeléctricas -las del río Atuel y del Diamante- se vencen en 2024. Y está establecido que esas concesiones se otorgan por 30 años.
Y a eso se suma una política que encendió la luz de alerta. La Nación ya decidió darle las concesiones de otras centrales hidroeléctricas que se vencieron anteriormente a Enarsa, la empresa pública que opera principalmente en el sector petróleo, gas y energía eléctrica. La gran duda que surge es con qué fondos la Nación va a refuncionalizar esas centrales que en su mayoría tienen entre 30 y 50 años de construidas.
"No deberíamos estar recibiendo de la Nación sólo regalías por algo que es constitucionalmente nuestro. ¿Cómo vamos a permitir que la Nación nos liquide un porcentaje de derecho de algo que es nuestro?. Ni tampoco podemos permitir que nos engañen diciendo que ellos se harán cargo de manejar esas centrales, cuando sólo podrían hacerlo endeudándose. Ese es el primer planteo que tenemos que hacer las provincias. No sólo Mendoza, sino todas las que tenemos centrales hidroeléctricas cuyas concesiones sigue manejando la Nación", repiten los legisladores mendocinos.
Es que los montos que recibe una provincia cambian sideralmente si recibe sólo un porcentaje de regalías por la venta de la energía a Cammesa, que sí es socio de quien explota esa central y como tal percibe un porcentaje de la venta de la energía que genera ese complejo hidroléctrico, lo que está directamente atado al precio de la energía.
Sólo por citar un ejemplo del costo de la energía recordemos que en abril pasado Rodolfo Suarez acordó con la Secretaría de Energía de la Nación ponerle precio a la energía que va a producir la central hidroeléctrica de El Baqueano durante 15 años. Esa venta le supondrá a Mendoza un ingreso total de 1.230 millones de dólares. Eso indica que el megavatio está valuado en 171 dólares.
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Por otro lado a la provincia le interesa tener el control de ser quien otorgue las concesiones de todas sus centrales hidroeléctricas porque de esa manera podría armar un paquete más tentador para atraer a futuros inversores que quieran asociarse con el Estado para explotarlas. En la actualidad, esos concesionarios tienen a cargo la operatividad y mantenimiento de las centrales hidroeléctricas y controlan el mayor paquete accionario sobre la venta de esa energía.
Tanto cambia la ecuación, que el proyecto que los mendocinos presentaron en el Congreso para federalizar las centrales hidroeléctricas tiene el aval de otros tantos legisladores de Neuquén, Río Negro, Tucumán, Chubut, Santa Cruz y San Juan.
Una deuda millonaria en dólares que se arrastra desde hace 50 años
Aunque suene increíble la liquidación de las regalías que recibe Mendoza por la energía que generan las centrales de los Nihuiles se rige por un cuestionado decreto del gobierno de facto de 1973, que hasta ahora no se ha podido modificar.
En aquel año, el general que tomó el poder, Agustín Lanusse, ordenó ilegítimamente, a través del decreto N° 1.560/73, que Agua y Energía le liquidara a La Pampa el 50% de las regalías que le pagaba a Mendoza por la energía que producían esas centrales hidroeléctricas construidas sobre el río Atuel que nace en nuestra provincia y se extiende a la vecina.
Por ese decreto que se firmó hace 50 años, las regalías que representan el 12% de lo que producen esas centrales, se reparten en partes iguales: 6% para cada provincia.
Los mendocinos, en este tema liderados por la diputada nacional Jimena Latorre (Juntos por el Cambio) que se especializa en política energética, proponen derogar ese decreto y adecuar la ley 15.336 que data de 1960, a lo que establece el texto de la Constitución Nacional reformada en 1994.
Rescatan el artículo 124 que sostiene que “corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”. Dicho en criollo si el río está en la provincia, la energía que genere ese río debería ser de la provincia como un derecho originario, no derivado.
Si los legisladores nacionales lograran hacer efectivo ese reclamo de 553 millones de dólares por las regalías equivocadamente repartidas con La Pampa, Mendoza estaría recibiendo de la Nación más de la mitad de lo que fue el resarcimiento que acordó para hacer Portezuelo del Viento, por el que llegarán 1.023 millones de dólares.
Además ese monto equivale al costo calculado que tendría hacer el dique El Baqueano, planificado sobre el río Diamante, que esta valuado en 556 millones de dólares, y cuya declaración de impacto ambiental se analizará en breve en una audiencia pública.
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La Corte le dio luz verde a un viejo reclamo de Mendoza y lo notificó a Massa
"Mendoza comenzará a cobrar el 100 % de las regalías que le corresponden por la generación hidroeléctrica de Los Nihuiles, ya que hasta el momento percibe sólo la mitad y el resto lo recibe La Pampa", anunciaba en marzo de 2016 el fiscal de Estado mendocino, Fernando Simón.
Se basaba en el dictamen de la Procuración del Tesoro de la Nación, que el año anterior había firmado el subprocurador del Tesoro, Horacio Pedro Diez en donde ratificaba que aquel decreto de 1973 debía modificarse y se debía liquidar íntegramente las regalías de esas centrales a Mendoza. Además le ordenaba a la Secretaría de Energía de la Nación avanzar con esa nueva liquidación.
Sin embargo, eso nunca sucedió, pese a que políticamente los vientos eran benévolos para los mendocinos. Hay que recordar que en ese entonces arrancaba la gestión de Alfredo Cornejo en la gobernación, y la presidencia estaba en manos de Mauricio Macri, ambos socios de Juntos por el Cambio.
"Ese dictamen de la Procuración era el paso previo al decreto del presidente para derogar el decreto, pero eso nunca ocurrió durante la presidencia de Macri. Por eso desde la fiscalía y junto con la Asesoría de Gobierno presentamos un pronto despacho pidiendo la derogación pero tampoco lo resolvieron. El camino fue interponer una demanda en la Corte, que fue lo que hicimos en diciembre del 2020 y actualizamos el reclamo por regalías por $67.338.000.000", repasó el fiscal Simón.
Finalmente la respuesta de la Corte llegó el 13 de junio pasado, y los legisladores y asesores del Gobierno lo leyeron como una luz verde al pedido.
Ante ese planteo, el máximo tribunal de Justicia de la Nación respondió que comparte los argumentos y la conclusión del dictamen de la Procuración Fiscal, entiende que es competencia de esa Corte (algo que anteriormente había rechazado porque indicó que no se había agotado la vía administrativa) traslada la demanda interpuesta por Mendoza contra el Estado Nacional que se sustanciará por vía del proceso ordinario en 60 días, y le libra el oficio al ministro de Economía, Sergio Massa.
Por tanto, aunque no lo ventilen por miedo a que todo pueda volver a empantanarse, en el Gobierno creen que hay grandes chances de conseguir que la Nación le pague a Mendoza esa enorme cantidad de regalías que le adeuda. Lo que habrá que ver es si coinciden en el valor de lo que deberá erogar.