La investigación administrativa, por posible corrupción, impulsada por el Ejecutivo sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) arrojó resultados alarmantes respecto al manejo de los fondos públicos. Se detectaron discrepancias abismales entre los precios de mercado y los montos abonados por el Estado para la adquisición de sillas de ruedas, prótesis y otros elementos de asistencia.
Causa por corrupción: detectaron sobreprecios de hasta el 4.239% en compras de la ANDIS
Las auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad ANDIS revelaron irregularidades extremas en insumos ortopédicos. Sigue la investigación a ex funcionarios
Diego Spagnuolo el priencipal implicado en la casua ANDIS que investiga hechos de corrupción.
El dato más impactante de la auditoría revela que en ciertos renglones de compra se pagaron valores con un excedente del 4.239%. Este esquema de contratación no habría sido un hecho aislado, sino una práctica sistemática en la adquisición de insumos de alta complejidad. La actual conducción de la Agencia señaló que estos números representan un perjuicio millonario para las arcas estatales, afectando directamente la calidad de las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.
Los auditores detectaron que los mecanismos de control interno fueron vulnerados o directamente ignorados para favorecer a un grupo selecto de proveedores. En este contexto, la justicia federal ya tomó intervención para determinar si existió una asociación ilícita orientada a desviar recursos públicos mediante licitaciones direccionadas y facturaciones infladas.
Citan a empresarios por la causa ANDIS
A raíz de las pruebas recolectadas, esta semana comenzará una ronda de citaciones para varios empresarios vinculados al rubro de la ortopedia y la tecnología médica. La sospecha principal de los investigadores es que existía un acuerdo previo entre los proveedores para repartirse los contratos de la ANDIS, presentando presupuestos coordinados que garantizaban márgenes de ganancia exorbitantes.
Fuentes judiciales confirmaron que se analizarán los vínculos societarios de las firmas involucradas para detectar posibles testaferros o empresas "fantasma" creadas con el único fin de participar en estas compulsas. El Ministerio de Salud y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) aportaron documentación que compromete el rol de los intermediarios en la cadena de suministros de la Agencia.
El avance de la causa busca determinar el grado de responsabilidad de los privados en el esquema de sobreprecios. Se espera que las declaraciones testimoniales e indagatorias arrojen luz sobre cómo se autorizaban pagos por montos que superaban ampliamente cualquier índice de inflación o costo de importación de los materiales médicos requeridos por los beneficiarios del organismo.
Pericias de voz de Diego Sapagnuolo y audios clave en la investigación
Uno de los puntos más sensibles de la investigación actual reside en la verificación de pruebas digitales y grabaciones. La Justicia ha solicitado formalmente una pericia sobre la voz de Diego Spagnuolo, actual titular del organismo, para validar o descartar la veracidad de una serie de audios que circularon recientemente. Esta medida busca otorgar transparencia técnica al proceso judicial en curso sobre la ANDIS.
Los audios en cuestión, que han sido incorporados al expediente, contienen conversaciones referidas a la gestión de las compras y las auditorías internas. La defensa y la fiscalía coinciden en la necesidad de utilizar herramientas tecnológicas avanzadas para confirmar la identidad de los interlocutores. Este peritaje es fundamental para establecer si hubo presiones o irregularidades en la recolección de las pruebas que sustentan la denuncia por corrupción.
Mientras se aguardan los resultados de los estudios de los audios, la actividad en la sede central del organismo se mantiene bajo un estricto régimen de revisión de legajos. La intención del Ejecutivo es limpiar la estructura administrativa de cualquier sospecha de colusión. Los datos obtenidos hasta el momento sugieren que la red de complicidades podría extenderse a niveles operativos intermedios que facilitaban el flujo de expedientes con precios alterados.
Finalmente, el impacto de estas revelaciones ha generado una fuerte repercusión en las organizaciones de la sociedad civil que trabajan con discapacidad. La transparencia en el uso de los recursos es considerada vital para garantizar que los elementos ortopédicos lleguen a quienes realmente los necesitan, sin que el presupuesto se pierda en intermediaciones ilícitas detectadas por el gobierno nacional.