La Justicia Federal dictó un nuevo revés para la actual gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El juez a cargo de la causa procesó a Diego Spagnuolo, extitular del organismo, junto a otros 18 acusados, al considerarlos responsables de una estructura montada para el cobro de coimas y el desvío de fondos públicos destinados a los sectores más vulnerables.
Sobornos
Procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 implicados por el cobro de coimas en ANDIS
La Justicia detectó una red de coimas que direccionaba contratos oficiales a cambio de retornos. Diego Spagnuolo, procesado como jefe de una asociación ilícita
Diego Spagnuolo, procesado como jefe de una asociación ilícita.
El escándalo de las coimas llevó a que el Gobierno cerrara de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y transfiriera de todas sus funciones al Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones.
Una "organización criminal" dentro del Estado
Según el fallo judicial, Diego Spagnuolo fue procesado bajo los cargos de asociación ilícita en calidad de jefe, fraude a la administración pública y cohecho activo. La investigación describe una red sistémica que operaba bajo una modalidad de "retornos": se habrían direccionado contratos y agilizado pagos a proveedores específicos a cambio de coimas que oscilaban entre el 10% y el 20% del valor de las facturaciones.
La causa, que estalló tras una serie de auditorías internas y denuncias anónimas, apunta a que la organización no solo manipulaba licitaciones, sino que también habría facilitado la entrega irregular de pensiones no contributivas, cobrando cánones ilegales a los beneficiarios para "destrabar" los expedientes.
Los detalles del procesamiento de Diego Spagnuolo
El magistrado impuso, además, embargos millonarios sobre los bienes de los involucrados. Entre los 18 procesados restantes se encuentran funcionarios de segunda línea, asesores directos de Spagnuolo y empresarios del sector salud que habrían oficiado como "colaboradores" en la estructura de recaudación ilegal.
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La prueba clave: Los peritajes telefónicos y el cruce de chats por aplicaciones de mensajería habrían sido determinantes para reconstruir el modus operandi de la banda.
El impacto económico: Aunque las cifras finales están en revisión, se estima que el fraude al Estado supera los $2.500 millones.
Repercusiones políticas
La situación de Diego Spagnuolo, quien hasta hace poco era una figura de confianza en el entorno oficial, deja al Ejecutivo en una posición incómoda. Desde la Casa Rosada evitaron dar declaraciones oficiales inmediatas, aunque fuentes cercanas aseguran que se ordenó la intervención inmediata de la Agencia para "limpiar" las áreas operativas comprometidas.
Por su parte, la oposición ya solicita la presencia de las autoridades del Ministerio de Salud en el Congreso para brindar explicaciones sobre la falta de controles que permitió el funcionamiento de esta supuesta asociación ilícita durante meses.