El mismo día en que el gobierno envió al Congreso el proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil que busca bajar la edad de imputabilidad de los menores de los 16 actuales a los 13 años, tres organizaciones de la Iglesia Católica salieron a pedirles a los legisladores que no avancen con esa reforma. Días atrás el arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo también había mostrado su rechazo.
Debate en el Congreso
Organizaciones católicas rechazaron la baja de la edad de imputabilidad y pidieron a legisladores no votarla
Cáritas, la Comisión Episcopal de Pastoral Carcelaria y la Pastoral Social aseguraron que con la baja de la edad de imputabilidad no bajan los delitos
Tres organizaciones de la Iglesia Católica salieron a rechazar la baja en la imputabilidad de menores que impulsa el Gobierno y que ya envió al Congreso.
A través de una carta abierta a los legisladores nacionales, las organizaciones de Cáritas, la Comisión Episclpal de Pastoral Carcelaria y la misma Comisión Episcopal de Pastoral Social, que tratan con jóvenes vulnerables, explicaron por qué rechazan el proyecto del gobierno y dieron los argumentos por los que creen que con esa baja en la imputabilidad no se resuelve la inseguridad.
Bajo el título de "Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza" esas organizaciones aseguran que la iniciativa del gobierno ignora la inmadurez neurobiológica de los jóvenes y las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y el narcotráfico.
Y apela a las estadísticas regionales para afirmar que el encarcelamiento temprano no resuelve la inseguridad, sino que tiende a agravarla, aumentando las tasas de reincidencia y dificultando la reintegración laboral y educativa.
La Iglesia deslizó que la reforma busca el impacto mediático
En la carta se destaca que les "preocupa especialmente que este debate se esté dando en un clima político en el que predomina el uso del dolor social con fines de impacto mediático".
"El delito existe, y no es una opción no hacer nada. Pero creemos que es un error abordarlo desde propuestas simplificadoras que sólo sirven para validar posiciones políticas ya tomadas", asume el documento y reclama un debate abierto, plural y democrático.
"Observamos con preocupación el intento de imponer una respuesta apresurada, sin sustento técnico, sin diálogo genuino y sin condiciones institucionales reales para su implementación", critica.
El Estado no tiene la infraestructura para garantizar la reinserción
Pese a que el gobierno, y puntualmente el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem salieron a marcar que este nuevo proyecto de Reforma del Régimen Penal Juvenil que llega al Congreso contiene la asignación presupuestaria para implementarla, la Iglesia Católica volvió a criticar que a su entender el Estado "carece de la infraestructura y recursos necesarios para garantizar una verdadera reinserción".
Y retruca: "La realidad demuestra una creciente desfinanciación en materia social, cuyos efectos recaen especialmente sobre los sectores más desfavorecidos, justamente aquellos a los que se pretende ahora castigar con mayor severidad".
Con la mira puesta en la salud mental
Además de insistir con que cuando un menor de 16 atraviesa una situación de conflicto social deber ser abordado por un Juzgado de Familia, esas organizaciones de la Iglesia Católica resaltaron que el trabajo con esos menores debe tener necesariamente una revisión de la ley de salud mental, sobre todo al criterio de "riesgo inminente".
"La dolorosa realidad nos muestra que el inicio del consumo de sustancias se da en muchos casos a los 9 o 10 años. Es urgente destinar recursos específicos a políticas públicas en salud mental y adicciones, con dispositivos de atención accesibles, insertos en territorio y adaptados a la infancia y adolescencia, y detener el desfinanciamiento en materia de políticas públicas de salud y despidos de trabajadores dedicados a acompañar y contener personas atravesadas por consumo problemático y salud mental", reclama la carta.