La ministra está decidida a extinguir los celulares de las cárceles mendocinas. En paralelo idea un sistema para que los presos puedan comunicarse
Los celulares en las cárceles, un fenómeno difícil de gestionar. Imagen ilustrativa.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, tuvo este jueves un guiño de la Justicia: la Suprema Corte prohibió el uso de celulares en las cárceles de Mendoza con un fallo dividido, pero definitivo.
Pero aun así sabe que deberá ingeniárselas para caminar por la delgada línea que se traza entre exterminar esos aparatos que suelen usarse para delinquir desde las penitenciarías y, a la vez, garantizar el derecho de los internos a comunicarse con sus familias o sus abogados.
El gesto, que firmaron los supremos Dalmiro Garay y Teresa Day, vino a respaldar su política de ir erradicando de a poco esos dispositivos de las penitenciarías. Según los datos oficiales, en las cárceles mendocinas todavía funcionan unos 2.588 celulares que fueron autorizados en su momento, aunque ya se secuestraron 3.350 aparatos.
Hay que recordar que en Mendoza ya existe una ley, la 8.465, que les prohíbe a los presos tener celulares, pero en la pandemia el ex presidente Alberto Fernández avaló una excepción para que los internos pudieran tener esos aparatos y así poder comunicarse con sus familias en medio del aislamiento por el Covid, ya que no estaban habilitadas las visitas.
Por esa medida, puertas adentro de las cárceles mendocinas que albergan a unos 6.580 presos supo haber más de 18.783 celulares autorizados, lo que suponía que cada interno pudo tener hasta 3 aparatos a su disposición. Algunos lo habrán usado para mantener el contacto con sus familias o sus abogados, y muy probablemente otros los usaron para delinquir y orquestar robos, asaltos o estafas desde sus celdas.
Cuando terminó la pandemia, el 1 de enero del 2024 la misma ministra Rus recuperó la idea de extinguir los celulares de las cárceles de Mendoza, pero apareció un fallo del juez Sebastián Sarmiento disponiendo que el retiro de los dispositivos se hiciera sólo en los sectores en donde hubiera telefonía pública, "debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario".
Está claro que en el sistema penitenciario, como en el resto de los organismos y oficinas, ya no existen los teléfonos públicos y ese pedido de Sarmiento terminó con un fallo de la Suprema Corte, que en octubre pasado dispuso sacar a los celulares de las cárceles y estipuló un plazo de 6 meses.
Sin embargo, más tarde aparecieron nuevos planteos y es por eso que fue necesario el fallo definitivo de la Corte de este jueves para ponerle fin a la discusión, al menos en la provincia, aunque claro que quienes defienden los derechos de los internos podrían llevar sus planteos a la Corte de la Nación.
Cuando sentía que había ganado la batalla final para exterminar los celulares de los penales, el mismo día en que recibió el fallo de la Corte, a Mercedes Rus también se le notificó que ingresó en la Justicia la aceptación del juez Sebastián Sarmiento -del Juzgado Penal Colegiado N°1- de un habeas corpus que presentó un grupo de presos que estudian.
Ellos exigían seguir teniendo celulares bajo el argumento de que en las penitenciarías no hay suficientes computadoras o notebook con conectividad como para que pudieran continuar con sus cursados.
Un planteo similar albergó el juez de la Corte, José Valerio, quien votó en disidencia bajo el planteo de que el fallo lesiona derechos de los presos.
En paralelo, Sarmiento emplazaba al titular del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, y a la Coordinación del Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro (PEUCE) a que en 30 días arbitrara "las medidas necesarias para optimizar el acceso a equipamiento tecnológico y conexión a internet en los espacios destinados a la educación en los establecimientos penitenciarios".
Y le daba 15 días para cumplir con aquella exigencia de poder contar con sistemas de telefonía pública en todas las unidades penitenciarias.
Diario UNO intentó saber cómo haría Orellana para cumplir con los requerimientos de Sarmiento, pero el funcionario eludió hacer declaraciones y sólo respondió que estaba abocado de lleno a responder los planteos del juez.
Quien sí salió a responder el planteo fue la misma ministra Rus que lo rechazó de plano.
"Hay algunos jueces que quieren que les pongamos un celular y una computadora a cada preso y eso es imposible. No sólo porque hay una ley vigente que lo prohíbe, sino también porque nuestra responsabilidad es asegurarle el servicio de seguridad a toda la ciudadanía, y está probado que muchos internos usan los celulares para delinquir", argumentó Rus.
La decisión de erradicar los celulares de las cárceles, sin excepciones, no es antojadiza. Hay sobradas pruebas para demostrar que varios delitos, e incluso estafas millonarias, se gestan desde los penales y que esos internos son los ideólogos de los atracos que concretan sus cómplices que están libres.
Como ejemplo valga contar que los investigadores de los disturbios entre barrabravas del Tomba, que terminaron con destrozos millonarios en el estadio Malvinas Argentinas el año pasado, confirmaron que la orden había provenido de un celular que estaba en la penitenciaría federal.
Otra investigación que está en curso, por una millonaria estafa con una billetera virtual, de centenares de millones de pesos, también nació de un dispositivo hallado en un penal.
Por eso la decisión política apunta a retirar esos celulares sin concesiones. En el mismo sistema carcelario se sabe que si se los quitan a unos presos y a otros no, aquel que los conserve no sólo tendrá poder, sino que -a la inversa- puede convertirse en el blanco de extorsiones y amenazas de aquellos que perdieron sus teléfonos.
"Dejar un celular es hacer que en pocos días cotice en bolsa. Además de que se convierte en segundos en un foco de corrupción", apuntan algunos conocedores del sistema.
Ahora: la ministra Rus está obligada a dotar al sistema penitenciario de algún sistema que les permita a los internos mantener comunicación con sus entornos familiares o con sus mismos abogados.
"Como los teléfonos de línea ya prácticamente no existen, estamos en las negociaciones con Telefónica para poner en todas las cárceles un sistema nuevo que se llama Telular, que es como un teléfono inalámbrico que no es fácil de romper y que se puede rastrear. La idea es incorporar unos 50 de estos aparatos para garantizar la comunicación en los casos de emergencia", adelantó la ministra.
En paralelo, también aseguró que su intención es seguir ampliando las aulas de cursado de los internos, aunque defendió que el equipamiento que tienen alcanza para la cantidad de alumnos que pasa por ellas.
"Hay que decir que el sistema funciona. Pasa que como estrategia muchos internos se inscriben para estudiar y sólo lo hacen para mejorar su calificación y acceder a algunos beneficios carcelarios. Pero para ser claros, de 500 que se inscriben después son 200 los que efectivamente cursan", marcó Rus.