Desde aquella masiva marcha del 3 de junio de 2015 por el asesinato de la adolescente santafesina Chiara Páez, multiplicada en cada provincia del país, se registraron 2.041 femicidiosen la Argentina. De ese número, 80 asesinatos fueron cometidos en Mendoza.
Análisis y opinión
A 7 años del Ni Una Menos es deficiente la articulación de políticas de género en Mendoza y en el país
El 3 de junio de 2015 se realizó la primera marcha para reclamar medidas concretas contra los femicidios y la violencia de género. Desde entonces el tema está en la "agenda pública" pero los crímenes por motivos de género se repiten por cientos año tras año
Una multitud marcó en Mendoza el viernes en el séptimo año de Ni Una Menos.
Foto: Martin Pravata/ Diario UNODurante el 2021, según datos de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, hubo un femicidio cada 35 horas. Fueron asesinadas 251 personas por motivos de género, de las cuáles 231 fueron víctimas directas y 20 vinculadas (cuando el hecho tiene como objetivo dañar a la víctima de violencia de género). En comparación con el 2020 hubo 20 casos menos, pero la reducción es de apenas el 8 por ciento, y las características generales de esta expresión extrema de la violencia de género se mantienen casi inalterables.
Todos los tipos de violencia están estipulados en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales (Ley 26.485) sancionada y promulgada en 2009. Este marco legal tiene por objeto el desarrollo de políticas públicas interinstitucionales sobre violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia de esas víctimas y la asistencia integral en las áreas estatales y privadas. Pero así como pregona la ley no siempre se cumple.
El Estado no articula las políticas de prevención
El Estado como mayor responsable de garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, no articula correctamente con las diferentes instituciones y organismos y las políticas públicas no llegan como deberían en el recorrido que hace la víctima. Algo falla.
Hay denuncias que la justicia no escucha, pulsera electrónicas que no se colocan a tiempo o perimetrales que no bastan. Es un problema estructural que se resume en la falta de políticas de prevención y en la articulación correcta entre los estados nacional, provincial y municipales.
A siete años de esa primera marcha, se lograron algunos avances en la lucha contra la violencia de género, como el registro de femicidios de la Corte Suprema y algunas iniciativas de asistencia a las mujeres y personas LGBT+, pero aún son muchas las cuentas pendientes.
La Suprema Corte de Mendoza asistió a cinco mil mujeres en un año
La doctora Emiliana Lilloy, es la responsable de la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. En diálogo con Radio Nihuil, relató que de mayo de 2021 a mayo de este año, su oficina asistió a cinco mil mujeres. De ese número, el 35 por ciento fueron denuncias directas de violencia de género. “Evidentemente la pandemia, el encierro provocó un aumento en las consultas y pedidos de asistencia. Fue un fenómeno que se agravó claramente” explicó la especialista.
Pero a pesar de las medidas que se anuncian desde los gobiernos nacionales o provinciales, las cifras no bajan.
Luisina Blanco, coordinadora del Observatorio Mumalá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) de Mendoza, explicó que no siempre las víctimas de femicidios concurren a solicitar medidas protección de derechos. De hecho, solo el 20 por ciento de los 80 crímenes que ocurrieron en siete años en Mendoza, habían interpuesto denuncia.
¿Son efectivas las tobilleras, botones antipánico y prohibición de acercamiento?
Otro de los cuestionamientos en las políticas judiciales son las medidas que se toman. Quedan las dudas si son las suficientes y con el control que deberían tener.
Desde el 2016 a la fecha, en la provincia se colocaron 307 dispositivos activos de geoposicionamiento dual. En otras palabras, las famosas tobilleras electrónicas con los botones antipánicos.
El uso de los dispositivos de geolocalización permite la fiscalización del cumplimiento de las órdenes judiciales en tiempo real por el Centro de Monitoreo los 365 días del año las 24 horas del día. Este dispositivo brinda la ubicación exacta, garantizando la integridad de las víctimas de violencia de género. Y en caso que el victimario trasgreda la orden, es decir, que ingrese a la zona de exclusión, salta el alerta al operador del Centro de Monitoreo quién avisará para que un móvil policial llegue al lugar y disuada al agresor de acercarse a la víctima.
Los Código Procesales de cada provincia establecen distintas directivas para actuar. “Nosotros implementamos la pulsera en casos de incumplimiento. Por ejemplo: si una persona pide una medida de protección y se incumple se configura un delito, entonces ahí el juez ordena la implementación de la pulsera. También cuando hay mucha gravedad y/o reincidencia” explicó Lilloy.
Luisina Blanco explico que tanto la pulsera como el botón antipánico se implementan en un porcentaje menor en la provincia. Pero lo importante es “que para que ambos dispositivos funcionen deben tener señal para poder ser utilizados y en muchos lugares no se activan por falta de señal”.
Sobre la prohibición de acercamiento, la activista de Mumalá, resaltó que en Mendoza, estas medidas no tienen caducidad como sí ocurre en otras provincias. “Hay provincias donde las prohibiciones de acercamiento duran entre 3 y 6 meses y las mujeres tienen que volver a los juzgados de familia a hacer las denuncias y solicitar la amplitud de la medida. Y eso en Mendoza que esto quede por tiempo indeterminado es un avance porque además la mujer no está en un lugar de revictimización de manera constante”.
Aunque se sabe que cuando se solicitan medidas de protección es necesario contar con la policía cerca del domicilio. “En la ruralidad las medidas de protección no son efectivas, como la prohibición de acercamiento, la exclusión del hogar, porque los varones la infringen y hasta que llega el móvil policial puede pasar una multiplicidad de situaciones” explicó Blanco.
De todos modos, si la persona denunciada incumple la orden de acercamiento dictada por un juez, está cometiendo un delito. “Si esta persona se acerca hay que llamar al 911 y si no está en riesgo puede hacer la denuncia en la página del Ministerio Público Fiscal por internet” explicó Lilloy. “En esto casos sí se podrían ordenar las pulseras electrónicas”.
Para Blanco es necesario un control más exhaustivo del Estado para poder sensibilizar y llegar cuando el circuito de la violencia está en los primeros escalones, cuando llegan los primeros golpes o esas golpizas que llevan a la víctima a la internación.
¿Qué es lo que falta?
¿Por qué los asesinatos de mujeres por motivos de género se producen año tras año?
Desde el 2015 el tema se sostiene en la agenda pública y hay una sanción social hacia la violencia de género. Y a nivel nacional, se pasó del Consejo Nacional de las Mujeres al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Darle fuerza de ministerio significó poner en la agenda del gabinete nacional estos temas y la asignación de mayor presupuesto.
“Lamentablemente el año pasado y en el contexto de pandemia no hubo una ejecución total del presupuesto del Ministerio de Mujeres y creemos que es importante que se ejecute porque eso permitirá que muchas mujeres accedan más rápido a las medidas. El Potenciar Trabajo a fines del 2021 quedó estancado un listado de mujeres en situación de violencia que no pudieron ingresar al programa” detalló Luisina Blanco.
Basta con echar una mirada a las cifras para ver que algo no está funcionando adecuadamente. Hay un déficit en el acompañamiento de la víctima y con la ayuda económica se daría un apoyo más completo, por ejemplo para que tenga reinserción laboral, ya que muchas veces las víctimas no denuncian porque dependen económicamente del agresor.
Tampoco están bien articuladas las políticas municipales con las provinciales y menos con las nacionales. Tanto las referentes que consultamos como otras especialistas sostienen que las distintas organizaciones sociales no trabajan con la suficiente coordinación con el Ministerio de las Mujeres.
Por ahora se lanzaron dos planes de acción plurianuales para articular políticas contra la violencia de género: el de 2017-2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, y el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por motivos de género 2020-2022 impulsado por la actual gestión nacional.
“Nación hace sus políticas y la provincia también. Acá en Mendoza tenemos 12 refugios y distintas asistencias. Hay un plan nacional 2020-2022 que se supone que se está implementando. Ahora bien, cuesta ver los resultados” analizó la doctora Lilloy.
Hay que destacar la sanción de la Ley Brisa que brinda beneficios para los hijos de las víctimas de femicidios y la Ley Micaela, que ordena la capacitación en perspectiva de género para funcionarios de los tres poderes del Estado.
También se lanzó el Programa Acompañar para asistir a mujeres y personas de la comunidad LGTB+ que estén en situaciones de violencia de género. Esta iniciativa dispone una asignación económica equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil por 6 meses y acompañamiento psicosocial. Según el Ministerio de la Mujeres, Género y Diversidad de noviembre hasta mayo de 2022, 165.862 personas recibieron el beneficio.
Sin embargo, si bien se da algún apoyo económico no hay un seguimiento articulado con las distintas áreas que deben intervenir. Muchas mujeres terminan solas, desamparadas, y en definitiva las siguen matando igual.
Es necesario un cambio cultural
Admitámoslo. Vivimos en un país donde los estereotipos de género están arraigados y la cultura del machismo en algunos lugares tolera la violencia.
En Argentina, falla el poder judicial, las causas tardan muchísimo y hay jueces machistas. Muchas víctimas de femicidios habían hecho denuncias varias veces, tenía un botón antipánico y sus victimarios medidas cautelares, aún así, fueron asesinadas.
Todavía hay jueces que consideran que la violencia de género es un tema de la vida privada y no una cuestión pública. Para muestra recordemos que en marzo de este año el ex juez penal Gonzalo Guiñazú, había comparado un caso de violencia de género con una pelea de pareja, otorgándole prisión domiciliaria al imputado. El magistrado había dicho que “solo la pareja conoce el alcance de las peleas y lo que para algunos es violencia para otros es habitual”. Por suerte, a los seis días de su polémico y escandaloso fallo presentó la renuncia al gobernador Suarez y se jubiló. Pero queda la duda si existen en el ámbito provincial más jueces sin ninguna perspectiva de género.
A nivel nacional la suspensión y destitución de tres jueces que intervinieron en causas previas y posterior a los femicidios de la adolescente de Mar del Plata, Lucía Pérez y la docente tucumana Paola Tacacho, dejaron en evidencia la falta de perspectiva de género. Claramente es una deuda pendiente en el ámbito judicial.
El foco hay que ponerlo en la prevención para erradicar la violencia sexista producto de un sistema machista, misógino y homofóbico que si bien va cambiando aún persiste en algunos ámbitos.
Para eso es imprescindible la aplicación efectiva y con todos sus alcances de la ley de Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas como un paso fundamental para transformar las relaciones entre los géneros, para formar niñas, niños y adolescentes en una sociedad igualitaria, equitativa e inclusiva y que desnaturalice las violencias. Educar desde edades tempranas a los varones en otros patrones socioculturales evitará futuros hombres violentos o femicidas.
Quizá también urge una mejor aplicación de la Ley Micaela. Ya vimos algunos fallos judiciales, por eso con una sola clase no basta sino que debería ser una capacitación continúa.
En definitiva, sólo un compromiso desde todos los sectores -políticos, jurídicos, civiles y también desde los medios- hará terminar con este círculo vicioso, que ya terminó con la vida, sólo en 2021 (según datos de la Corte Suprema) de 231 mujeres.