Una situación de extrema violencia se vivió en la mañana de este miércoles en el Polo Judicial Penal luego de que un preso, que es juzgado por un asesinato, intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos y escapar del edificio en medio del debate.
Una situación de extrema violencia se vivió en la mañana de este miércoles en el Polo Judicial Penal luego de que un preso, que es juzgado por un asesinato, intentó atacar a la fiscal Claudia Ríos y escapar del edificio en medio del debate.
El hecho ocurrió en la sala 15 donde este miércoles comenzó el juicio contra tres presos que están acusados de intentar a asesinar a otro recluso del penal de Almafuerte a mediados de julio de 2019. En el lugar se encontraban el juez Mauro Perassi, la fiscal de Homicidios Claudia Ríos y la defensora oficial Ximena Morales, además de público presente.
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Según la información que trascendió hasta el momento, uno de los sospechosos identificado como Hugo Eduardo Arredondo (37) logró eludir el accionar del personal del Servicio Penitenciario que los custodia, empuñó un arma blanca e intentó apuñalar a la fiscal. Esto derivó en un forcejeo en el cual la magistrada resultó ilesa.
Acto seguido, el violento intentó tomar como rehén a una persona del público, que es una estudiante de Derecho, para escapar del lugar. Pero la acción tuvo su fin por el accionar de las fuerzas de seguridad y por la propia fiscal Ríos que lo redujo con un gas pimienta.
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Fuentes judiciales detallaron que se está investigando la forma en que Arredondo logró empuñar el arma blanca, que sería una chuza, es decir, de fabricación casera. Existe la sospecha de que alguno de los otros reclusos que estaban siendo juzgados junto a él le pasó el elemento. De una forma u otra, hubo una falla en los mecanismos de prevención por parte de personal penitenciario.
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Hugo Arredondo se encuentra cumpliendo una pena de prisión perpetua por el crimen de Jorge Daniel Montilla (51), un ex militar y comerciante que fue baleado en la noche del 10 de marzo de 2015. La víctima fue abordada por un grupo de asaltantes que intentó robarle su camioneta cuando estaba estacionando en la puerta de su casa en el barrio Tamarindos II, en Las Heras.
También fue condenado a 14 años de prisión por cometer el crimen de Nicolás Lozano, un preso de Almafuerte que fue golpeado y apuñalado el 26 de diciembre de 2019.
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En tanto que el presente juicio se lleva adelante por un ataque que habría cometido en el mismo penal el 5 de julio de 2019 junto a Jorge Darío Bracamonte (32) y Lucas Gabriel Garro (27), sospechados de atacar con patadas y una chuza a otro interno identificado como Carlos Enrique Olmedo. La imputación contra los sospechosos es de tentativa de homicidio simple.
También tiene una causa abierta por drogar y empalar a otro interno de la penitenciaría en septiembre de 2022. Por este expediente se encuentra con prisión preventiva y la causa aún no ha sido elevada a juicio oral y público.
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El intento de asesinato que sufrió la fiscal Clausia Ríos desató enojos en gran parte de los magistrados que este jueves se reunirán para realizar planteos sobre la seguridad en los juicios.
"No ha sucedido una catástrofe de casualidad", consideró uno de los jueces que participará del encuentro. Los magistrados sostiene que hubo un error del Ministerio de Seguridad -tanto del Servicio Penitenciario como de personal policial- al dejar entrar a un preso con un arma blanca a un edificio judicial, superando las instancias de requisa.
El procurador Alejandro Gullé, en tanto, aseguró que "vamos a retocar un poco algún protocolo de seguridad y si es necesario un sumario administrativo, lo vamos a hacer".
Desde el Ministerio de Seguridad que comanda Raúl Levrino emitieron un comunicado en el que señalaron que "el Servicio Penitenciario de Mendoza inició las investigaciones para determinar los responsables del traslado y la requisa de Bracamonte Contreras, Arredondo Suarez y Garro Ibáñez".
En principio, son siete los penitenciarios investigados.
"El Servicio Penitenciario de Mendoza se encuentra trabajando en las actuaciones correspondientes para las investigaciones del hecho, la toma de declaraciones y el análisis de las filmaciones, junto a la Justicia provincial y la Inspección General de Seguridad", indicaron.