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El joven de 26 años fue imputado por el delito de intimidación pública y analizan si debe afrontar los costos del operativo de evacuación.

Paso a paso: así cayó el presunto autor de la amenaza de bomba en Casa de Gobierno

Por Sebastián Salassalas.sebastian@diariouno.net.ar / @sebasalas_

Pocas horas tardaron las autoridades en dar con el presunto autor del llamado telefónico que amenazó con una bomba en Casa de Gobierno. El hombre ya fue imputado por la Justicia y evalúan si deberá pagar los cargos del operativo que generó su broma.En la mañana de la jornada, luego que las autoridades policiales evacuaran el edificio público tras un llamado al 911 que amenazaba con una inminente explosión, comenzaron las investigaciones. Tras descartarse la presencia de algún explosivo, la fiscal especial Claudia Ríos solicitó al Centro Estratégico de Operaciones (CEO) el número telefónico que realizó el llamado.

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Desde el organismo detectaron que el mismo usuario había realizado otra comunicación al 911 el 26 de septiembre pasado por un accidente de tránsito que tuvo lugar en el Valle de Uco.La Unidad Investigativa de Delitos Complejos solicitó un informe a la empresa telefónica para determinar la identidad del titular de la línea y se encontraron con que el lugar de trabajo estaba ubicado a dos cuadras de Casa de Gobierno.Los uniformados acudieron pero no encontraron a Hugo Armando Torres (26). Se trataba de la sede de una empresa agrícola y la persona en realidad trabajaba en una zona rural.Ante esta situación, los pesquisas judiciales solicitaron un informe a la Junta Electoral para obtener los datos del domicilio del propietario del número telefónico. Rápidamente recibieron la respuesta que votaba en una escuela de Tupungato.Con este dato y otras informaciones, los sabuesos policiales se dirigieron a la finca Los Nietos, ubicada en el kilómetro 17 de la ruta 69 de Tupungato. El hombre era un trabajador rural y en su bolsillo tenía el teléfono celular desde el cual realizó la llamada.Tras su captura, quedó a disposición de la fiscal especial Claudia Ríos que lo imputó por el delito de intimidación pública. El artículo 211 del Código Penal prevé una pena de 2 a 6 años para el que “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.Si bien se trata de un delito prácticamente excarcelable, el hombre quedará detenido al menos hasta este jueves mientras se verifica si tiene antecedentes penales.En paralelo, la fiscal Ríos solicitó al ministro de Seguridad, Leonardo Comperatore, un informe para determinar las horas hombre y los costos que generó el operativo de evacuación en Casa de Gobierno que se realizó tras la amenaza. Esto será remitido a la Fiscalía de Estado para que determine si el peón rural debe afrontar los costos generados.

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