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Florencia González y Alejandro Vega presentaron recursos para ser sobreseídos. Están acusados de omitir sus funciones en el choque que dejó un saldo de 16 víctimas fatales.

Los operadores del 911 durante la tragedia en la Ruta 7 quisieron zafar del juicio pero no lo lograron

Los operadores del 911 durante la tragedia en la Ruta 7 quisieron zafar del juicio pero no lo lograron

Por Sebastián Salassalas.sebastian@diariouno.net.ar / @sebasalas_

El 7 de febrero de 2014 es recordado en Mendoza como uno de los días más trágicos. En la Ruta 7 un camión y un colectivo impactaron frontalmente, dejando un saldo de 16 muertos. El suceso desató una investigación sobre el accionar policial que llegó a procesar a efectivos que trabajaban en el Centro Estratégico de Operaciones (CEO). Dos de ellos presentaron recursos para zafar del juicio, pero la Justicia los rechazó.Si bien a mediados de noviembre el fiscal especial Santiago Garay elevó la causa a juicio con cinco policías imputados, dos de ellos lucharon hasta esta semana para tratar de quedar sobreseídos en el expediente. Se trata de Florencia González y Alejandro Marcial Vega, dos uniformados que esta tarde fatal estaban trabajando en el 911.

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Mediante sus abogados, los efectivos se opusieron a la elevación a juicio y si bien la juez de Garantías Patricia Alonso rechazó el recurso, volvieron a insistir en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal. Pese a esto, los magistrados Ramiro Salinas –preopinante-, Luis Correa Llano y Alejandro Miguel volvieron a fallar en contra y confirmaron que estarán sentados en el banquillo de acusados por el delito de omisión de los deberes de funcionario público, el cual prevé como pena una multa de $750 a $12.500 e inhabilitación especial de un mes a un año.Florencia González Según la jueza de Garantías, Florencia González recibió un llamado de alerta a las 14.49 –el choque fue a las 17.44-, en donde le comunicaban que había un camión brasilero con conducción peligrosa por Godoy Cruz, pero la uniformada nunca lo consignó en el sistema informático, según surge de las desgrabaciones del CEO.Pocos minutos después, recibió una nueva llamada telefónica pero la comunicó en forma equivocada. La policía anotició al coordinador de la Policía Vial, Antonio González, quien estaba de franco y fue sobreseído en la investigación. El efectivo le contestó QRV –significa que está listo para escuchar el mensaje- pero nunca recibió ningún pedido de traslado, por lo que creyó que no era de relevancia.El coordinador agregó que a Florencia González “correspondía hacer el desplazamiento, ya que tiene la autoridad para hacerlo y por protocolo debe hacer el seguimiento a cualquier tipo de desplazamiento”.El abogado de la imputada argumentó que “nunca le comunicaron que se había cambiado el coordinador”, tratando de insistir con la participación de Antonio González. “La existencia de un protocolo en los hechos no existe, dado que nunca se pudo determinar cuáles eran los pasos a seguir en una situación como la que se presentó”, agregó el letrado. También manifestó que “intentó comunicarle a su policía y no le pudo hacer porque carecía de datos y se vio en la obligación de esperar”.Por otro lado, quiso mantener la carátula del hecho como culposo ya que “el dolo presupone malicia, con intención de perjudicar al Estado, y ello no se ha acreditado en autos”.Los jueces camaristas siguieron la línea de la Justicia de Garantías y agregaron que “el dolo exige el conocimiento de que se puede realizar un acto propio de su función y voluntariamente debe omitir el acto, retardarlo o rehusarse a hacerlo”.Alejandro Marcial Vega Vega se encontraba trabajando como despachador en el box de Godoy Cruz. Está acusado de no darle conocimiento al Centro de Monitoreo de Godoy Cruz ni a la Central una vez que recibió la llamada que lo alertaba sobre la situación.“Puede haber tenido todas las buenas intenciones posibles, pero no hizo lo que debía, que es transmitir la novedad al Centro de Monitoreo, cuando dicho accionar le es impuesto por el lugar que ocupa en el CEO como despachador. Él dejó constancia de haber transmitido la novedad al Centro de Monitoreo, cuando en realidad no lo hizo”, sostiene la Justicia de Garantías.Su representante aseguró que tomó el suceso y lo insertó en el sistema informático, dándole conocimiento al sector Cámaras, pero “nunca llegó a su destinatario por circunstancias que se desconocen”. “Se ha instalado una duda que favorece al imputado y, que a esta altura de la investigación no vislumbra otra salida que el sobreseimiento”, estimó su defensa.La Cámara de Apelaciones sostuvo la misma línea que en el caso de Florencia González y rechazó el recurso, confirmando la elevación a juicio en su contra.Tragedia histórica En la tarde del 7 de febrero pasado, un micro de la empresa Mercobus se encontraba ingresando a Mendoza tras haber partido desde Córdoba con 31 pasajeros. A la altura de San Martín, realizó una maniobra para adelantarse a un camión cisterna. De frente se encontró con otro rodado que transportaba ajo y estaba al mando del brasilero Genesio Mariano (35) –venía alcoholizado y es una de las víctimas fatales-. El impacto fue letal y 16 personas murieron en el accidente. Además hubo 15 heridos.

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