Avanza la causa

Los acusados por estafas en el metaverso pendulan entre la cárcel y la libertad

El fiscal de la causa por decenas de estafas pidió la prisión preventiva de los seis acusados. Las defensas consideraron que pueden transitar la investigación fuera del penal

Por primera vez desde hace casi un mes que una jueza supervisará la megacausa por estafas con inversiones en la bolsa y en el metaverso. La fiscalía pidió la detención de los seis sospechosos al mismo tiempo que las defensas reclamaron la libertad. La situación se definirá en los próximos días.

La audiencia se realizó este lunes en la reanudación de la actividad judicial tras la feria de invierno. Durante las últimas semanas los representantes legales de Giovanni (28), Gitan (32) y Genaro (30) Caroglio, Lucas Matías Zalazar (32), Juan Ignacio Manduca (35) y el chileno Hans Dieter Breuer (39) presentaron sendos pedidos de control jurisdiccional.

Se trata de un recurso para que un juez revise las condiciones de detención de los sospechosos. Entre los argumentos esgrimieron mayormente que no hay pruebas suficientes para sostener la acusación y que, en caso de que sí hubiera, el delito de estafa contempla penas excarcelables ya que van desde un mes hasta 6 años de prisión, Es decir, ya llevan detenidos casi el total de la condena mínima. Más teniendo en cuenta que los sospechosos no tienen antecedentes penales.

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Los abogados Carlos Aguinaga -por Giovanni Caroglio-, Nicolás Lucero -por los otros dos hermanos-, Ernesto Valeros -por Breuer-, Álvaro Lavado -por Zalazar- y la defensora oficial Carolina Alasino -por Manduca- consideraron que sus representados llevan privados de su libertad desde el 6 de julio pasado y han pasado varios días sin que un juez les dicte la prisión preventiva.

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Del otro lado, el fiscal de Delitos Económicos Hernán Ríos consideró que la investigación corre peligro si los imputados recuperan su libertad ya que todavía hay denuncias que se están profundizando y que tienen los medios económicos para escapar de la Justicia. Por esto aprovechó la audiencia para solicitar la prisión preventiva del sexteto de sospechosos.

Incluso el investigador remarcó una serie de mensajes que Giovanni Caroglio intercambió con una de las víctimas donde le advirtió que si seguía reclamando su dinero lo iba a escrachar en las redes sociales como un violador, es decir, que tiene intenciones de alterar la investigación.

Finalmente la jueza Eleonora Arenas se tomó un cuarto intermedio para analizar el expediente y resolver la situación. Fuentes judiciales especularon con que se conozca el fallo a mediados de esta semana.

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Estafas en la bolsa y el metaverso

Giovanni Caroglio era la cara visible y cabecilla de una empresa llamada We Are Capital que captaba a inversores a través de jugosas ofertas. Ofrecía a las personas que aporten un capital de dinero -generalmente en dólares- del cual obtendrías ganancias de entre el 3% y 8% mensual, un interés ampliamente superior al que ofrece cualquier banco u otra entidad privada en el mercado.

La empresa tenía un manto de confianza ya que tenía oficinas con varios empleados -incluso uno en la coqueta zona de Puerto Madero en Buenos Aires- y sus líderes se mostraban como emprendedores que sabían mover el dinero en la bolsa de valores.

Varias personas aportaron su capital a mediados de 2021 y recibieron los primeros pagos de ganancias, lo que motivó que en algunos casos convocaran a sus allegados formando un esquema de estafa piramidal, según sostiene la fiscalía. La inversión inicialmente era para la compra de acciones en la bolsa pero luego cambiaron a la adquisición de terrenos en el "metaverso", un universo virtual donde la empresa iba a lanzar un videojuego que haría subir considerablemente el valor de los lotes.

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Sin embargo, en los primeros meses de 2022 se discontinuó el pago y a fines de ese año comenzaron a llegar las denuncias por parte de los damnificados.

Entre los acusadores hay una gran variedad: la mayoría radicados en Mendoza pero también otros de Río Negro, Neuquén y hasta Costa Rica. Hay algunos empresarios locales importantes que perdieron mucho dinero, como otros inversores menores como abogados, docentes y hasta influencers. La fiscalía sostiene que el perjuicio total, al menos hasta ahora, es de 800 mil dólares.

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