Policiales Jueves, 2 de agosto de 2018

La "jefa" del instituto Próvolo quiere quedar libre

El abogado de Graciela Pascual, ex representante legal del colegio, pidió el cese de la prisión preventiva. La Justicia no se definió.

Una de las personas importantes en la estructura del instituto Antonio Próvolo y que está como acusada en los abusos sexuales a alumnos planteó ayer ante la Justicia la posibilidad de quedar en libertad. Se trata de la Jefa, como la llamaban los chicos sordos, quien a pesar de estar con domiciliaria busca quedar libre.

Graciela Pascual (61), ex representante legal de la escuela de Carrodilla, junto con su abogado Víctor Banco, se presentaró este miércoles en Tribunales tras solicitar un control jurisdiccional. Esto se hace para revisar las condiciones de detención de los sospechosos en una causa. Lo que buscan esta mujer y su representante es el cese de la prisión preventiva.

La ex directiva fue arrestada en agosto del año pasado. La imputaron como partícipe primaria en los hechos, entendiendo los investigadores que había omitido los vejámenes. Tiempo después le darían el beneficio de la domiciliaria, aunque ahora el objetivo es mayor.

Entre algunos puntos descriptos para lograr el propósito, destacaron que si está libre no entorpecerá la investigación y que no hay riesgo procesal.

La audiencia se desarrolló en la sala 3 y estuvo a cargo de Alejandra Alonso, la jueza que dirime todas las cuestiones vinculadas con la megacausa que explotó en noviembre del 2016. La magistrada escuchó alegar a las partes -querella y fiscalía se opusieron- y decidió pasar a un cuarto intermedio. En fecha a designar anunciará si Pascual queda libre o sigue detenida en un domicilio.

Otro punto que también deberá resolver la jueza es el pedido de los abogados de los acusados de realizar nuevas pericias psicológicas para las víctimas.

La querella no está de acuerdo con hacerlas en este momento sino en el juicio, por lo aquí también se espera una definición que se conocería el viernes.

Cuatro esperan ser juzgados

En mayo de este año el fiscal Gustavo Stroppiana hizo la elevación a juicio en las causas contra los curas Nicola Corradi y Horacio Corbacho y los empleados Armando Gómez y Jorge Bordón. Los cuatro están imputados por abuso sexual agravado por la guarda y convivencia preexistente con menores, en concurso real con corrupción de menores, delitos por los que podrían ser condenados a 20 años de prisión. Son considerados los autores materiales.

Lo dispuesto por la fiscalía encontró objeciones en dos de los sospechosos, Bordón y Gómez. El primero de ellos hizo la apelación fuera de término, por lo que únicamente se atendió el reclamo del otro involucrado. La Justicia decidió analizar la situación de los cuatro sujetos detenidos y confirmó que deben ser juzgados.

El sacerdote Nicola Corradi se encuentra en prisión domiciliaria por cuestiones de salud -tiene 83 años-, en tanto los otros imputados están en la cárcel de Boulogne Sur Mer.

El comienzo del caso tuvo un quinto implicado que había sido detenido también en los primeros días de investigación y que recibió las mismas imputaciones. Sin embargo, fue declarado inimputable. Se comprobó que es hipoacúsico, padece un retraso psicológico y también fue abusado en el instituto.

En total son 14 los imputados del Próvolo. Además de Corradi, están arrestadas en una vivienda la monja Kosaka Kumiko y Graciela Pascual, por su presunta participación primaria. La religiosa Asunción Martínez está acusada también, pero en libertad, al igual que otros 7 directivos sospechados de encubrir las violaciones.

La elevación en las causas de estas personas se irá realizando en el transcurso de estos meses y luego se definirá si se hace un solo juicio con todos los acusados o si se hacen varios debates.

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