Desde el año 2000 hasta la fecha, la Dirección General de Escuelas nunca recibió denuncias relacionadas con el cuestionado instituto Próvolo, de Luján, en el que se produjeron, por lo menos, 20 casos de abuso sexual hacia chicos hipoacúsicos. Así lo informaron las principales autoridades de la DGE, que concurrieron ayer a la Legislatura para brindar informes como lo habían solicitado desde la Cámara de Diputados.
La comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Baja recibió a Jaime Correas, titular de la Dirección General de Escuelas, y a parte de su gabinete. Legisladores de todos los bloques participaron en la reunión.
Los funcionarios de Gobierno respondieron consultas y explicaron las acciones que desde la DGE se llevaron adelante ante los hechos de público conocimiento, ocurridos en el establecimiento educativo, que son investigados por la Justicia.
La directora de Educación Privada, Beatriz Della Savia, indicó: "Luego de conocidos y denunciados los hechos, se realizó un barrido desde el año 2000 en adelante para constatar si existió alguna denuncia relacionada al instituto Próvolo que hubiera ingresado a mesa de entradas, pero no se encontró ningún registro al respecto".
Además, señaló que para cualquier escuela es obligación denunciar un hecho de estas características. "Es una obligación legal que está fuertemente sancionada si no se hace y eso no tiene nada que ver con la religión. Cualquier docente que detecte un caso tiene la obligación de denunciar", expresó la funcionaria.
"El Estado debe ahora garantizar el derecho de los niños a tener oferta educativa, a seguir escolarizados y, por lo tanto, las acciones que se tomen también tendrán que ver con el avance de la causa judicial", acotó Della Savia.
Asimismo, los representantes de la DGE dijeron que inmediatamente conocido el caso se solicitó a la Justicia la prohibición de acercamiento de la orden religiosa a los alumnos del instituto. A su vez, de manera preventiva, se decidió que la supervisión correspondiente se instalara en la institución hasta el final del ciclo lectivo y se formó un equipo de contingencia ante los casos que pudieran surgir espontáneamente.
En el transcurso de la reunión se hicieron presentes algunos padres y docentes del instituto Próvolo, quienes expresaron su posición con relación a los hechos que se investigan, como también el defensor de Personas con Discapacidad, Juan Carlos González.
Néstor Parés, presidente de Diputados informó: "las dudas de los legisladores fueron evacuadas" y sumó: "También se escuchó a algunos padres de niños que concurren al instituto y a docentes que expresaron su posición".
Sonia Carmona (Frente para la Victoria) sugirió al Defensor de Personas con Discapacidad, trabajar para ver si es necesario modificar la legislación vigente en cuanto a los controles, para darle al Estado mejores herramientas en este sentido.
Asistieron también Beatriz Varela, Analía Jaime, César Biffi y Gabriel Balsells Miró (Unión Cívica Radical), Sonia Carmona y Daniel Rueda (Partido Justicialista) y Lautaro Jiménez y Héctor Fresina (Frente de Izquierda y los Trabajadores).
Gestiones de Montero
La vicegobernadora Laura Montero se reunió en Buenos Aires con miembros de la Confederación Argentina de Sordomudos por las denuncias contra el instituto Próvolo y por la implementación de la lengua de señas en las distintas instituciones del país.
Luego de este encuentro, viajó a la ciudad de La Plata donde fue recibida por el fiscal Fernando Cartasegna, reunión a la cual no tuvo acceso la prensa.
