Las causas por delitos de lesa humanidad en San Rafael tuvieron esta semana un fuerte resurgimiento luego de la acción de la Justicia federal, que tras mucho tiempo de investigación por parte de la Fiscalía Federal ordenó la detención de 35 personas, de las cuales ya se arrestó a 15.
Debido al secreto de sumario y a la acción pendiente de la detención de muchas personas (en su mayoría fuera de la provincia), poca fue la información que trascendió sobre la causa. UNO de San Rafael logró conocer de qué se acusa a cada uno de los imputados, más allá de que todas estas imputaciones deberán ser confirmadas por el juez Eduardo Puigdéngolas.
Para llegar a estas medidas emprendidas esta semana fue clave la tarea de la Fiscalía Federal a cargo de Francisco Maldonado, la que primero consiguió múltiples legajos policiales y luego “buceó” en cada uno de ellos en busca de datos que sostengan la investigación.
La idea que sobrevoló durante y después del primer juicio, hecho entre agosto y noviembre del 2010, es que en esa oportunidad varios de los juzgados eran miembros de rango inferior dentro de las respectivas fuerzas de seguridad, por lo que el objetivo era lograr reunir a más oficiales superiores.
Los aprehendidos hasta el momento son 15: Daniel Navarro, Hugo Ramón Trentini (con condena cumplida por el caso Sebastián Bordón), Edgar Martín Ferreyra (locutor), Orlando Gutiérrez, Daniel Huajardo, Oscar Raúl Pérez (ex comisario y ex asesor del Consejo de Seguridad Departamental), Tomás Rojas, Isidoro Freire (ex comisario), Luis Grain (ex comisario), Ciro Mazza, Juan Giovarrusio, Rafael Bitti, Cecilio Oseas Martínez, Pedro Torres y Norberto Mercado. Salvo Ferreyra, los otros nueve fueron oficiales policiales de alto grado. Ayer, con el correr de las horas, otro policía (Ciro Maza) se presentó voluntariamente en la Justicia.
En el caso del ex comisario Oscar Raúl Pérez, de acuerdo con las imputaciones de la Justicia federal, la sospecha es que fue el jefe del famoso D2 de la Policía entre 1975 y 1977. Se lo investiga por cinco hechos de desaparición y homicidio, 47 de privación de la libertad y 37 tormentos.
Similar es el caso de Daniel Huajardo, que fue oficial de la D2, quien en la imputación es investigado también por 5 desapariciones, 37 privaciones de la libertad y 28 tormentos.
Tomás Rojas fue jefe de Bomberos y es investigado por seis hechos de privación ilegítima de la libertad.En el caso del ex comisario Freire, se lo investiga por la desaparición de José Berón, que tenía 17 años.
En el caso de Edgar Martín Ferreyra, que en la semana fue el único que declaró (los demás se abstuvieron), la investigación es por 13 desapariciones, 22 privaciones de la libertad y 8 tormentos.
En todos los casos vale aclarar que los delitos que se imputan son sólo a nivel de sospecha, que no hay procesamientos y que cada delito deberá ser probado en un futuro juicio, que se hará el año que viene.
Los delitos por los que se investiga a los demás detenidos varían en cada caso. En total, la Justicia federal sanrafaelina investiga 14 casos de desaparición forzada de personas.
El caso del cura Reverberi
Franco Reverberi declaró como testigo en el primer juicio y algunos testimonios indicaron que podría haber presenciado actos de tortura. Hace ya varios meses, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, la Justicia libró un exhorto para que sea llevado a declarar. Reverberi reside en Parma, Italia, y por su edad tiene algunas problemas de salud.
En la Justicia de todos modos quieren hacerlo declarar, pero debido al tratado de extradición entre Argentina e Italia, que le da la opción de decidir dónde quiere ser juzgado a quien tenga la nacionalidad italiana, es muy difícil que el cura comparezca en Argentina, ya que en caso de que Italia acepte el pedido podría llegar a decidir que el proceso se haga en Italia.