Homicidio agravado por el vínculo, con ensañamiento y alevosía en concurso real con abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.
Esta es la carátula del expediente por la muerte de Catherina, la niña de tres años que fue ingresada muerta a la guardia del Lagomaggiore y que había sido llevada por su madre, Cintia Cardozo, y por su padrastro, Gabriel Brizuela. Ambos están presos e imputados.
Al mismo tiempo se investiga la responsabilidad de los organismos estatales intervinientes por si no hubieran actuado a tiempo, ya que existía una denuncia previa por maltrato hacia otra hija de Cintia, de nombre Sheila, internada en el hospital Notti desde el 13 de noviembre.
Qué se hizo y qué no
El caso Catherina puso en evidencia que en las distintas instituciones del Estado alguien no hizo lo que debía hacer.
Según el procurador general, Alejandro Gullé, todo el procedimiento judicial en torno a este caso así como quienes lo llevaron adelante están bajo la lupa. Intenta el jefe de los fiscales determinar cuáles son las responsabilidades de cada una de las personas que tomaron parte en este complejo episodio, para lo que abrió una investigación administrativa.
Mientras, desde el OAL y el Ministerio de Salud intentaron cargar las tintas sobre la familia ampliada de Catherina -la abuela materna y las tías- diciendo que no denunciaron a tiempo los maltratos y cuando lo hicieron aportaron pocos datos certeros. Tanto desde el Gobierno de Mendoza como desde la Justicia no pueden terminar de explicar claramente cuáles fueron los errores y negligencias cometidos para que hoy Catherina Cardozo esté muerta.
La versión de la Justicia
Según Gullé, se abrió un sumario administrativo para estudiar el procedimiento llevado adelante por la Oficina Fiscal N°5, a cargo de Fernando Giunta, donde se radicó la denuncia por maltrato a la hermana mayor de Catherina, Sheila Cardozo, quien ingresó al hospital Notti (el 13 de noviembre) tras haber sido golpeada y sigue internada. La denuncia fue contra el padrastro de las niñas, Brizuela, de larga lista de antecedentes policiales, y la madre.
Fue radicada por una médica pediatra del Centro de Salud Padre Llorens, donde Sheila fue atendida por primera vez. Se contaba con los datos de la madre de la niña internada pero no con los del padrastro, que hasta ese momento figuraba como "NN". "Ningún integrante de la familia supo decir cómo se llamaba el hombre", aseveró Gullé.
En síntesis: por los golpes a Sheila, la madre tenía una orden de captura pero no contra el padrastro, porque se desconocía su identidad.
"Una hora después de recibida la denuncia, desde la Oficina Fiscal 5 dieron aviso a la Unidad Investigativa de Las Heras para que se ubique a estas personas. No se pudo dar con ellos en los domicilios remitidos por los familiares: uno en el barrio San Martín y el otro en el barrio 8 de Abril", explicó Gullé. Lo que no se pudo constatar es si luego reanudaron la búsqueda o si se agotó aquel día.
El otro expediente judicial iniciado es por la averiguación de paradero de Cintia Cardozo y Catherina, que fue solicitado por el OAL cuando la hermana mayor aseguró que a la más chiquita también la maltrataban. Este expediente se encontraba en el área de acción de la fiscal Claudia Ríos.
El tercer expediente es por el homicidio de Catherina y está en manos del fiscal de instrucción Horacio Cadile.
Resta considerar el cuarto, que es el de la investigación administrativa interna que se está realizando para averiguar cómo se llevó adelante el procedimiento completo.
"No podemos decir si hubo negligencia o no; si confirmamos que la hubo, tristemente voy a tener que reconocer que se podría haber evitado", soltó Gullé.
La familia está en la mira
Desde el Poder Ejecutivo trataron de bajarle el tono a la responsabilidad del OAL.
Así, el subsecretario de Salud, Oscar Sagás, y la coordinadora del organismo de Mendoza Capital, Daniela Torres, señalaron a la familia de Catherina a la hora de buscar los motivos por los que no se pudo evitar lo que ocurrió.
"A nosotros nos faltaban datos, porque teníamos una familia que estaba ocultando cosas, que no estaba dando toda la información que necesitábamos. La abuela no suministró la información y la obtuvimos trabajando con el equipo interdisciplinario", señaló Sagás.
Daniela Torres agregó: "No teníamos ninguna constancia de que la madre, Cintia Cardozo, maltratara a la hija más chica también. A veces pasa que se la agarran con un hijo y con otro no; la abuela no manifestó que a la bebé le pegaban también. Eso lo averiguamos por el testimonio de Sheila". Y agregó: "A la gente hay que empoderarla, mostrarle que puede denunciar a tiempo para evitar estas situaciones", señaló la coordinadora.
