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Debido a las condiciones de superpoblación en las cárceles mendocinas, organismos de Derechos Humanos solicitaron una serie de nuevas condiciones en las investigaciones penales.

Cambios radicales en las detenciones de las personas por un fallo de la Suprema Corte

Cambios radicales en las detenciones de las personas por un fallo de la Suprema Corte

Un fallo de la Suprema Corte de Justicia generó polémica y voces a favor y en contra en la jornada de este jueves. Los jueces accedieron a favorecer las condiciones de detención preventiva de los sospechosos de cometer algún delito, pero tiene una difícil aplicación.El organismo de Derechos Humanos, Xumex, presentó un hábeas corpus correctivo y colectivo que fue resuelto el miércoles por Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares.

Palabras más palabras menos, el organismo cuestionó la cantidad de detenidos sin condena firme que hay en el servicio penitenciario. Los accionantes aseguraron que casi la mitad de la población penal se encuentra en prisión preventiva y espera a ser sometida a un debate oral que defina su situación procesal.Con esta situación más las condiciones ya conocidas de hacinamiento y superpoblación en las cárceles mendocinas, los abogados de Xumex solicitaron una serie de nuevas condiciones en las investigaciones penales.

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Uno de los cambios más radicales es que cuando un sospechoso sea detenido por algún delito, un juez de Garantías deberá definir en menos de 24 horas si avanza o no la investigación. Algo difícil de implementar ya que hay solo seis Juzgados de Garantías –solo uno está de turno - y más de 20 fiscales entre el Gran Mendoza y el Este provincial, según argumentan las voces en contra de la resolución.Por otro lado, la Corte ordenó a regularizar en un plazo de dos meses la situación de las personas que están privadas de su libertad sin la orden de un juez competente.En otro de los puntos sin instó a dejar la prisión preventiva como una medida de coerción de última instancia y que deberá ser dictada en el término de 10 días a partir de la imputación de la persona, plazo que hasta el momento casi nunca se cumple por parte de los fiscales que demoran meses en solicitar esta medida.Los magistrados del máximo tribunal de Justicia también ordenaron aplicar medidas alternativas a la preventiva, tales como la prisión domiciliaria.

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