El gobierno de la provincia de comenzó este jueves las obras de preservación, mantenimiento y recuperación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio conocido como Pozo de Arana, en la periferia de la ciudad de La Plata.
Las tareas en este espacio de memoria estarán a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y demandarán aproximadamente cinco meses de trabajo, informaron fuentes gubernamentales.
Esta ex centro clandestino de detención funcionó en el destacamento de la Policía bonaerense de Cuatrerismo en Arana, parte del "circuito Camps" de la represión de la última dictadura que operó bajo el mando de los genocidas Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
Pozo de Arana fue parte del plan sistemático de desaparición de personas y en ese centro clandestino estuvieron detenidos, entre otros, los estudiantes de la "Noche de los Lápices" y Jorge Julio López, quien sobrevivió y fue testigo clave en el primer juicio que condenó a Etchecolatz por crímenes de lesa humanidad, nuevamente desaparecido en democracia el 18 de septiembre de 2006.
Al declarar ante la justicia, López había relatado que durante su cautiverio presenció ejecuciones y quema de cadáveres en una fosa común, en los fondos del predio policial.
Pozo de Arana ya fue señalizado como centro clandestino de detención.
Al comenzar hoy las obras de preservación del lugar, Walter Docters, sobreviviente del Pozo de Arana y autor del libro "Arana. Centro de Tortura y Exterminio", y Rubén López, hijo del testigo desaparecido Jorge Julio López, ofrecieron -como integrantes de la Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos- una charla introductoria para obreros y personal de la empresa que llevará adelante las tareas.
Los funcionarios destacaron "la muy buena recepción de los trabajadores y la atención puesta en la charla que se extendió más de lo previsto" y tuvo como finalidad informarlos sobre la historia del lugar y la importancia de las acciones que emprenderán.
A fines de 2015 la Justicia Federal había ordenado a la provincia de Buenos Aires realizar una serie de obras de preservación en el lugar, atendiendo al estado de abandono que presentaba.
La Secretaría de Derechos Humanos mantuvo varias reuniones con autoridades judiciales, representantes de obras públicas y organizaciones de derechos humanos para establecer acuerdos y, finalmente, establecer las pautas necesarias para recuperar este emblemático espacio de memoria.