En Argentina más de cinco millones de personas viven en barrios populares, villas o asentamientos. Según el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en 2016 eran 4.416 y en diciembre de 2018 se constató que la cifra escaló a 5.687 barrios carenciados.
Análisis y opinión
Al fin los políticos se unieron para trabajar por los más de 5.600 barrios populares que hay en el país
El Senado de la Nación sancionó la prórroga y reforma de ley de barrios populares que garantriza la urbanización de los asentamientos o villas del país y que, además, prohíbe los desalojo por 10 años. En Mendoza hay 70 mil familias en estos lugares
Son más de 5.600 los barrios populares en la Argentina.
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Estas cifras revelan la falta de políticas habitacionales aplicadas en los últimos 39 años por los diferentes gobiernos que hubo en el país con distintos color político: radicales, peronistas y del PRO. Todos han sido responsables de la inacción y de la proliferación de asentamientos o villas.
Un dato que refuerza la falta de acción desde 1983, la no aplicación de políticas de Estado suficiente para urbanizar y otorgar servicios y condiciones de vida digna a las villas, es que casi el 80 por ciento de de los barrios populares son anteriores al años 2000 y hasta el 2010 casi ninguno tenía acceso a los servicios públicos.
Se estima que en estos barrios populares viven 1.168.731 famlias bajo diferenteS grados precariedad y hacinamiento. La mayoría no cuenta con redes de agua corriente, gas natural, energía eléctrica y gas.
Desalojos suspendidos
La ley 27.453 es la que reglamente el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. En pocos días se vencía la prórroga que se generó en 2018 para evitar los desalojos de miles de familias de esos terrenos. Con la reforma que se aprobó el jueves pasado, la suspensión de desalojo de los asentamientos se extiende a diez años.
La norma sancionada garantiza los servicios públicos a las familias que viven en los asentamientos y villas. Según datos oficiales el 89 por ciento del los habitantes de esos lugares no accede a la red de agua corriente, el 68 por ciento tiene conexiones clandestinas y precarias de electricidad y el 99 por ciento no accede a la red de gas natural.
“Yo, como una mujer del barrio puedo decir lo que significa vivir en un lugar sin servicios básicos que es donde va la gente cuando no hay una respuesta precisa y a tiempo del Estado. Nosotros queremos llegar para darles servicios básicos donde estén, y atender las demandas de las nuevas generaciones”. Los dichos pertencen a Fernanda Miño, secretaria de Integración Socio-Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en una entrevista que le hice en Radio Nihuil.
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Ramona Fernanda Miño, la funcionaria nacional a la que hago referencia, además de impulsora de la Mesa Nacional de Barrios Populares, nació y se crió en el Barrio La Cava. Ese barrio está en la parte humilde de San Isidro de Buenos Aires, donde viven más de 13 mil personas en condiciones de hacinamiento en casitas de madera con alto grado de contaminación y elevadas cifras de desempleo. En síntesis, la funcionaria Miño, conoce en carne propia la realidad de los barrrios populares.
La reforma fue aprobada casi por unanimidad por 64 votos a favor y uno en contra, y más allá de la discusión respecto de a quién le corresponde el mérito de haber impulsado el proyecto, oficialismo y opisición coincidieron en la necesidad de que la regularización dominial de los barrios populares debe ser una política de Estado.
Una perlita: días antes del tratamiento en la Cámara Alta, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, había tuiteado: “supendieron por 10 años los desalojos en los barrios populares. Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad te destruyen. No entiendo. ¿A quién defendemos?”.
Sin embargo, sutilmente la ex gobernadora de Buenos Aires y actual diputada nacional de JXC, María Eugenia Vidal, le recordó a su jefa, que fue durante la presidencia de Mauricio Macri que se impulsó la Ley de Barrios Populares que creaba el Programa de Integración Socio Urbana y ordenaba establecer un marco especial para la regularización dominial de las viviendas ubicadas en los asentamientos.
“No es legisladora, no tiene por qué acordarse. Pero ahora sí, volvimos a defender en el recinto una ley de nuestro propio gobierno. Defendemos los derechos de cinco millones de argentinos a vivir en dignidad, pero además defendemos a aquellos que son dueños del 30% de las tierras que fueron ocupuadas hace 20 años y puedan recibir el valor de sus propiedades. Es una prórroga justa” opinó Vidal.
En Mendoza hay 307 barrios populares habitados por 70 mil familias
En 2018 había 207 barrrios precarios habitados por unas 200 mil familias. Pero hasta la última actualización la cifra creció porque Mendoza no escapa a la realidad nacional.
Eliana Lucero, titular del RENABAP Regional Mendoza y de la Secretaría de Integración Socio-urbana explicó que con la reforma se incorporaron 83 nuevos barrios. Por lo que ahora son 307 los barrios populares en la provincia.
“Se tomaron barrios que fuesen creados hasta diciembre del 2018 y que cumplan con las características de barrio popular, que no tengan dos de los servicios básicos, no tengan la regularidad del dominio y características de vulnerabilidad” explicó Lucero
La mayoría de estos barrios precarios se asienta en la zona metropolitanta pero también fueron detectados otros, que tenían muchos años de antigüedad, en zonas más alejadas.
“Al poder tener esta posibilidad de extender el registro, pudimos encontrar barrios que tenían una creación desde muchos años antes, incluso antes del primer relevamiento que fue en el 2016 y llegamos a localidades más alejadas. Pudimos encontrar en Lavalle una cantidad de barrios que llevaban muchos años y tienen las características y en Malargüe también hay de estos barrios con vulnerabilidad”.
Se calcula que unas 70 mil familias viven en estos barrios populares. Es decir unas 280 mil personas o más.
La titular del RENABAP Mendoza admitió que por falta de planificación y por la pandemia del Covid-19 se generó mucha más precariedad.
“La falta de ingresos hizo que estos mismos barrios que teníamos crecieran porque otra de las característica que tiene esta reforma de ley es que se han incorporado todas las ampliaciones de los barrios que ya teníamos. Esto hace un número mucho más grande sobre todo porque crecieron muchísimo en el contexto de pandemia los barrios populares”.
Para Alejandro Verón, el subsecretario de Desarrollo Social de la provincia, este crecimiento exponencial de las villas tiene que ver el déficit habitacional que tiene Mendoza.
“En la provincia de Mendoza hay un déficit de alrededor de 70 mil viviendas nuevas. Tenemos un envejecimiento de la población que cada vez se corre más la línea y las personas son cada vez más grandes y lo que se da es que la mayoría de los nuevos barrios formados tiene que ver con familias que han crecido, los hijos han crecido y se han extendido a buscar o generar nuevas viviendas. Hay una composición grande de familias jóvenes en esos nuevos lugares”, analizó Verón.
Cuando se creó la ley se empezó a regularizar el dominio de esos barrios, fuesen tierras fiscales o de privados. En Mendoza existe un gran porcentaje de tierras que son de privados y con esta ley se busca la regularización del dominio a partir de la expropiación de las tierras a ese propietario.
“Ese es el desafío que tenemos, trabajar en la presentación de los expedientes para la regularización del dominio de estos barrios populares ya sea que estén en tierras públicas o privadas” afirmó Lucero.
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Sabiendo que muchos de los barrios populares de la provincias surgieron a partir del asentamiento de familias en terrenos privados, esto hace suponer de la usurpación de esos lotes. Sin embargo, para la gente del RENABAP no se trata de usurpación sino de toma de tierras porque no hubo situación de delito como la rotura de un cerco o cierre perimetral sino que se trató de la ocupación de terrenos que llevaban muchos años ociosos.
“La gente por la necesidad misma de tener una vivienda y por no poder pagar un alquiler y sostenerlo, ha tenido que tomar esa tierra, y en ese contexto sí hemos tenido problemas” admitió Lucero. Relató que hace poco tiempo atrás hubo un intento de desalojo en El Algarrabol, Las Heras
“Esto ocurrió en el Barrio Portal del Algarrobal. Una persona adquiere la tierra sabiendo que había personas que estaban habitando, ofrece una forma de pago que los vecinos intentan llevar adelante, pero en el medio pasa el aislamiento preventivo y obligatorio, la imposibilidad de cumplir con esas cuotas y entonces se intenta llevar adelante el desalojo, en un principio de 26 familias y ahora estamos trabajando con once para poder generar acuerdos y que el propietario haga una presentación de expropiación para que pueda tener un resarcimiento económico. Hay mucha intención de las personas que están habitando de regularizar su situación”.
En Mendoza se creó un Comité para la integración Socio Urbana de Barrios Populares
Este comité estará conformado por 18 personas: dos del Ministerio de Planficación e Infraestructura, dos de la Subsecretaría de Desarollo Social, dos del Instituto Provincial de la vivienda, seis del Poder Legislativo, seis de la sociedad civil, tres miembros de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular y tres de la Mesa Provincial de Barrios Populares.
Ente los objetivos que se plantea está la elaboración de diagnósticos de cada barrio, planificación y ejecución de obras para la transformación física del asentamiento.
La titular del RENABAP Mendoza adelantó que están trabajando con varios municipios ya que existe el reclamo de ir hacia un ordenamiento territorial.
“Hay barrios donde se ha realizado una obra y el municipio no ha estado de acuerdo y para poder articular o aceitar todo el andamiaje de necesidades mutuas, el comité va a ser muy importante en ese proceso de poder ir interpelando cada una de esas situaciones que van surgiendo de los territorios y son muy particulares en cada uno de las comunas”.
Tanta voluntad política no hay: el Presupuesto 2023 trazó menos partidas para barrios populares
El presidente Alberto Fernández había prometido hacer de los proyectos de integración socio-urbana “una política de Estado”. Sin embargo, el último borrador del presupuesto anticipa una caída en términos reales de la inversión pública en el área.
Esto significa que uno de los programa más importantes del gobierno nacional está perdiendo impulso.
El presupuesto para el 2023 destina poco menos de $60 mil millones para el Fideicomiso de Integración Socio-Urbana (FISU), contra los $47 mi millones ejecutados entre enero y septiembre de 2022.
De no mediar una reasignación de partidas va camino a que el próximo año haya un fuerte descenso de los fondos en términos reales.
Miño explicó que “el Estado nutrió el fideicomiso para tener recursos para el trabajo. Esto es con el 15 por ciento del aporte de las grandes fortunas y también un 9 por ciento del impuesto País. Sabemos que todo recurso es poco cuando se trata de tanta demanda como es el barrio popular. Por eso estamos tras un financiamiento plurianual para que se puedan abordar estas problemáticas de largo alcance. Queremos dejar esta polítca totalmente financiada. Sabemos que hay muchos problemas económicos, pero soñamos con dejar barrios totalmente integrados en la Argentina”.
En la reglamentación de la ley se nutrió el fideicomiso con fondos de organismo internacionales, con aportes de las provincias y operaciones de crédito públicos. A esto se le agregó el 15 por ciento de lo recaudado por el Impuesto a las Grandes Fortunas (tal como explicó Miño) y el 9 por ciento de lo que ingresa por el Impuesto País, que grava la compra de dólares o los gastos con tarjeta en el exterior.
Tras años de desidia estatal, y por presión de los movimientos sociales, la política en su conjunto reconoció derechos fundamentales a las personass que viven en las peores condiciones habitacionales y comenzó a delinear mecanismos de financiamiento consistentes.
Durante el 2021 el 45 por ciento de los fondos de la Secretaría de Integración Socio-Urbana fueron ejecutados para el programa Mi Pieza. Se trata de una línea de asistencia económica para refacciones, mejoras y ampliaciones de viviendas de hasta 240 mil pesos destinado a mujeres de barrios populares.
“El programa Mi Pieza nos da satisfacciones, porque llega directamente al bolsillo de la mujer. Es un programa con perspectiva de género, que llega directamente a donde más se necesita para que pueden mejorar, ampliar, refaccionar su casa...Así es que estamos muy orgullosos de la política que llevamos adelante y más con este consenso de todo el arco político” afirmó la funcionaria nacional Miño.
El resto de los fondos se destinaron a obras de urbanización y la creación de lotes con servicios. Son 756 proyectos, de los cuales más de la mitad le corresponden a Buenos Aires. Mendoza no figura entre los primeros lugares.
Se estima que integrar, es decir otorgar servicios públicos y urbanización a la totalidad de los barrios del RENABAP (los 5.687) costará 26 mil millones de dólares y al ritmo actual de erogaciones se tardarán 200 años. Aunque el esfuerzo fiscal se multiplicara por cinco, pensar en esta política pública sólo con fondos federales siempre será insuficiente ya que no se invierte a un ritmo capaz de responder al crecimiento vegetativo de la demanda. Por algo Verón explicó que las nuevos barrios o ampliaciones de los existentes se produjo por nuevas familias jóvenes.
El ex ministro de Desarrollo Social y actual diputado nacional, Daniel Arroyo, si bien admite la caída de fondos en términos reales con la ejecución del programa Mi Pieza y la urbanización propiamiente de los barrios se está yendo a proceso de planes integrales. Y se va a ir a proyectos más fuertes. Incluso el legislador del Frente de Todos cree que es posible desarrollar 400 proyectos integrales por año y que solo con el impuesto a las grandes fortunas (que se cobró una única vez) y el dinero del impuesto País se pueden financiar proyectos hasta 2024.
Quizás sea hora que en la ley quede establecido un porcentaje general del tesoro o expandir el fideicomiso a otras fuentes de financiamiento. Quizás las provincias y municipios deberían participar activamente del pago de las inversiones, algo que ahora no ocurre.
Fernanda Miño admite que el trabajo de lograr integración socio urbana traspasará varias gestiones. “Por eso es importante el consenso de todo el arco político porque sabemos que no solo necesitamos tiempo, porque sería muy ingenua en pensar que en una gestión o dos se solucionará. A este ritmo que venimos trabajando necesitamos 20 años para llegar a los 5.680 barrios que hay. La posibilidad la tenemos a partir de este proyecto de ley que se presentó como reforma, para trabajar con municipios, con las provincias, con organizaciones sociales, con sindicatos, con la iglesia, con las cooperativas que tengan papeles que las habiliten a trabajar en barrios populares y nosotros podamos celebrar convenios y cambiar la realidad de los barrios populares y transformarlas”.
Se sabe que el 38 por ciento de los habitantes de los barrios populares son menores de 15 años y casi 7 de cada 10 personas tienen menos de 29 años.
Las actuales políticas de integración socio-urbana pulsan la creación de miles de lotes sociales con servicios, nuevo suelo urbano destinado a las familias más pobres del país, para evitar la proliferación de nuevas tomas y no seguir acrecentando el problema.
Los próximos gobiernos deberán continuar y profundizar estas políticas socioeconómicas en el mediano y largo plazo. De lo contrario, más de un millón de familias serán testigos directos de que todo quedó en buenas intenciones y seguiremos teniendo un país cada vez más empobrecido y con miles de familias viviendo en condiciones cada vez más precarias.
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