Un juez federal ordenó que todos los agentes federales que participen en operativos de inmigración en el área metropolitana de Chicago porten cámaras corporales, luego de los enfrentamientos registrados en semanas recientes durante redadas migratorias. El fallo busca garantizar transparencia, rendición de cuentas y protección tanto para los agentes como para los civiles involucrados.
La decisión llega tras una serie de casos de violencia entre agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y manifestantes, en los que se denunciaron golpes y detenciones arbitrarias.
La orden judicial fue emitida por la jueza April M. Perry, quien también limitó el uso de tácticas de fuerza y requirió la presentación de reportes detallados sobre cada operativo federal en la ciudad.
La medida alcanza a los efectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y a las unidades de apoyo que colaboran con ICE en el cumplimiento de redadas y deportaciones.
Más control y registro de los operativos
El tribunal estableció que las cámaras corporales deberán activarse en todo momento durante una intervención. Los videos grabados serán revisados en investigaciones internas y podrán utilizarse como evidencia en procedimientos judiciales o disciplinarios.
La orden surge después de que grupos de derechos civiles y abogados de inmigración presentaran demandas colectivas por presunto uso excesivo de la fuerza durante redadas recientes, algunas de las cuales dejaron personas heridas y decenas de detenidos.
El fallo fue celebrado por organizaciones locales como el Chicago Immigrant Rights Coalition, que lo consideraron un avance hacia una mayor supervisión del Gobierno de Estados Unidos y un paso necesario para restaurar la confianza entre las comunidades inmigrantes y las fuerzas federales.
Contexto migratorio en Chicago
En las últimas semanas, Chicago fue escenario de protestas y reclamos contra las políticas migratorias del gobierno federal, en medio de operativos destinados a detener a personas con órdenes de deportación.
Según activistas, muchos de los afectados son latinos, incluidos argentinos y mexicanos residentes en Illinois, que viven con temor a ser arrestados en sus vecindarios.
El juez también pidió al Departamento de Justicia elaborar un informe sobre los procedimientos aplicados durante los operativos federales y sus impactos sociales.
La medida busca prevenir nuevos abusos y reforzar la transparencia en la actuación del Gobierno de Estados Unidos en contextos migratorios.
Fuente: Associated Press (AP News).




