Un tribunal federal de apelaciones del Séptimo Distrito decidió este sábado mantener la orden que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en Chicago, dispuesta por el presidente Donald Trump, aunque permitirá que las tropas sigan bajo control federal en Illinois.
Agentes de policía montan guardia durante una manifestación frente a un centro de detención del ICE en Chicago, Estados Unidos. Crédito: EFE/EPA/Cristobal Herrera-Ulashkevich.
El fallo se produce dos días después de que la jueza April M. Perry suspendiera temporalmente el envío de militares provenientes de Texas, un estado gobernado por el republicano Greg Abbott, aliado político de Trump.
Perry argumentó que “no existen pruebas creíbles de riesgo de rebelión”, rechazando así la justificación del Departamento de Justicia (DOJ), que intentó amparar la movilización bajo la Ley de Insurrección.
Tras la decisión judicial, el gobernador demócrata de Illinois, J.B. Pritzker, celebró el fallo y escribió en X: “Donald Trump no es un rey y su administración no está por encima de la ley. Hoy un tribunal confirmó lo que ya sabíamos”.
Redadas y protestas: crece la tensión por la política antiinmigrante
La disputa legal coincide con el aumento de las redadas migratorias en Chicago, impulsadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) bajo la llamada “Operación Midway Blitz”.
Las acciones, dirigidas principalmente contra inmigrantes de origen latino, forman parte de la política de deportaciones masivas promovida por el Gobierno republicano. En las últimas semanas, manifestaciones ciudadanas se multiplicaron en distintos barrios, denunciando abusos y detenciones arbitrarias.
El sábado, un incidente en el área de South Side encendió las alarmas: agentes de la Patrulla Fronteriza dispararon durante una protesta y una ciudadana estadounidense resultó herida.
Contexto: una ciudad bajo presión
Pese a la narrativa oficial sobre inseguridad, los últimos informes del Departamento de Policía de Chicago muestran una baja del 28 % en homicidios respecto al año pasado y del 50 % en comparación con hace cuatro años.
La Casa Blanca mantiene su postura y no descarta nuevas acciones bajo la Ley de Insurrección, lo que podría volver a escalar el enfrentamiento entre la administración de Donald Trump, los líderes locales y la comunidad de inmigrantes.