Una jueza federal en Washington D.C., Jia Cobb, detuvo temporalmente la política de deportaciones rápidas de migrantes indocumentados promovida por el presidente Donald Trump. La decisión responde a un pedido de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la organización Make The Road New York, que denunciaron la medida como una violación del debido proceso legal.
Una jueza federal en Washington D.C., Jia Cobb, detuvo temporalmente la política de deportaciones rápidas de migrantes. Personas participan en una patrulla comunitaria para alertar a la comunidad sobre la presencia de vehículos sospechosos u oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en San Diego (Estados Unidos). Crédito: EFE/ Manuel Ocaño.
Trump reinstauró en enero la “expulsión inmediata”, una estrategia ya aplicada en su primer mandato (2017-2021). Esta política permite deportar a indocumentados que no puedan demostrar al menos dos años de residencia continua en Estados Unidos, sin necesidad de audiencia ante un juez de inmigración.
El gobierno de Donald Trump busca alcanzar 800 deportaciones por día, pero este fallo marca un obstáculo en ese plan.
Según Cobb, esta aceleración en las deportaciones “prioriza la rapidez” y podría llevar a errores irreparables, deportando a personas que sí cumplen con requisitos legales.
Migrantes y el debido proceso en Estados Unidos
El fallo de la jueza no cuestiona la legalidad de la política original, usada históricamente en la frontera sur para expulsar a quienes acaban de ingresar. Lo que rechaza es su expansión al interior del país, donde afecta a un grupo mucho mayor de migrantes que llevan tiempo en la comunidad.
En su dictamen de 48 páginas, Cobb señaló que, al ampliar la aplicación de esta medida, el Gobierno debe garantizar que los inmigrantes tengan derecho a un proceso justo. Recordó que la Quinta Enmienda protege a todas las personas bajo la jurisdicción estadounidense, no solo a ciudadanos.
Impacto en migrantes y derechos civiles
Los demandantes sostuvieron que la política de deportaciones rápidas viola la Constitución, la Ley de Inmigración y Nacionalidad y la Ley de Procedimiento Administrativo. Para la jueza, aceptar que los indocumentados carecen de derechos procesales abriría un precedente peligroso: “Si eso fuera correcto, no solo los no ciudadanos, todos estaríamos en riesgo”.
El bloqueo judicial representa un freno a la agenda migratoria de Trump y un alivio para miles de migrantes en Estados Unidos, que ahora cuentan con mayor protección ante posibles deportaciones aceleradas.
Temas relacionados:
las más leídas
Lo que se lee ahora