El condado de Los Ángeles declaró este martes el estado de emergencia tras las redadas migratorias federales ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
El condado de Los Ángeles declaró este martes el estado de emergencia tras las redadas migratorias federales ordenadas por el gobierno de Donald Trump, que dejaron cientos de detenciones en distintos vecindarios del sur de California.
La medida, aprobada de forma unánime por la Junta de Supervisores, busca proteger a inquilinos y familias afectadas por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se intensificaron en las últimas semanas en barrios con alta población latina.
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Los operativos los realiza el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE),y se intensificaron en las últimas semanas en barrios con alta población latina.
Según funcionarios locales, muchas personas detenidas eran sostén económico de sus hogares y su ausencia provocó dificultades para pagar el alquiler, aumentando el riesgo de desalojos masivos.
Una respuesta humanitaria ante el temor y la incertidumbre
La presidenta de la Junta, Lindsey Horvath, explicó que la resolución permitirá destinar fondos de emergencia para asistencia legal, apoyo habitacional y contención psicológica a las familias afectadas.
“Estas redadas no solo fracturan comunidades, también dejan a niños sin sus padres y a familias al borde del desalojo”, afirmó.
Organizaciones civiles del área metropolitana de Los Ángeles denunciaron que los operativos se realizaron “de manera indiscriminada”, incluso en zonas escolares y centros comunitarios.
Las autoridades del condado anunciaron que trabajarán junto a ONG y defensores de derechos migratorios para impedir desalojos por falta de pago directamente vinculados con las detenciones.
Contexto nacional: endurecimiento de las políticas migratorias
Las redadas se enmarcan en la operación Midway Blitz, impulsada por Donald Trump desde la Casa Blanca, que apunta a acelerar las deportaciones de inmigrantes sin documentación en grandes ciudades como Chicago, Houston y Los Ángeles.
Aunque el gobierno sostiene que se trata de medidas de “seguridad nacional”, líderes demócratas califican los operativos como una “campaña de persecución” contra la comunidad latina.
El Departamento de Justicia (DOJ) enfrenta múltiples demandas por violación de derechos civiles, y varios estados, entre ellos California, evalúan acciones legales adicionales.
