El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló este jueves una medida del gobierno de Donald Trump que autoriza la deportación de ocho migrantes a Sudán del Sur, a pesar de los riesgos humanitarios. Entre ellos hay dos cubanos, un mexicano y personas de Laos, Birmania y Vietnam.
Inmigración
El Supremo de Estados Unidos permite a Donald Trump deportar migrantes a Sudán del Sur
La Corte Suprema habilitó a Donald Trump a deportar migrantes a Sudán del Sur pese a las advertencias de tortura. Polémica por derechos humanos
El Tribunal Supremo de Estados Unidos avaló una medida del gobierno de Donald Trump. Crédito: EFE/ Michael Reynolds.
Según EFE, la decisión anula una orden judicial previa que impedía su traslado, argumentando que podían enfrentar torturas y no se les había garantizado una defensa legal adecuada. Los migrantes llevaban más de un mes retenidos en una base aérea en Yibuti, junto a once agentes migratorios, bajo condiciones críticas de seguridad y salud.
Críticas internas a la Corte Suprema
El juez federal Brian Murphy, en Massachusetts, había ordenado frenar la deportación en mayo, pero su fallo fue revocado. Las juezas Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson votaron en contra y criticaron con dureza la decisión de la mayoría.
“La orden de hoy solo aclara una cosa: los demás deben seguir las reglas, pero el Gobierno tiene a la Corte Suprema a su disposición”, escribió Sotomayor.
De los ocho deportados, solo uno es oriundo de Sudán del Sur. El resto procede de países como Cuba, México y otros con contextos humanitarios complejos.
Sudán del Sur, destino peligroso para los migrantes
La legislación de Estados Unidos prohíbe las deportaciones a países donde los expulsados puedan ser torturados. El Departamento de Estado considera a Sudán del Sur como una zona de alto riesgo debido al conflicto armado, e incluso retiró a su personal no esencial del país en mayo.
El caso reaviva el conflicto entre la administración de Donald Trump y el Poder Judicial, en medio de una política de deportaciones masivas que busca acuerdos con terceros países para acelerar los traslados.
En marzo, el Gobierno ya había enviado a más de 200 migrantes a una megacárcel en El Salvador, donde muchos siguen sin contacto con abogados ni familiares.