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En derechos humanos mantendrá el criterio seguido por las administraciones de la Concertación en los últimos 20 años.

El gobierno de Chile aseguró que “no habrá ley de punto final" en ese país

La flamante secretaria ejecutiva del Programa de Derechos Humanos, la abogada penalista Rossy Lama,afirmó que se "mantiene intacto" el criterio seguido en la materia por las administraciones de la

Concertación en los últimos 20 años. Y anunció que el gobierno "llegó a un acuerdo con laAgrupación de Familiares de Ejecutados Políticos" para trabajar "en conjunto".

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Aseguró que las prioridades de su gestión son "las políticas que en esta materia se hanseguido hasta ahora y que este nuevo gobierno mantiene en cuanto al seguimiento de las causas dederechos humanos abiertas y el trabajo conjunto con las agrupaciones de familiares de detenidosdesaparecidos y ejecutados políticos". "También prestaremos el mismo apoyo social y jurídico a aquellos familiares que no pertenecen a ninguna agrupación", advirtió Lama en una entrevista publicada hoy por el diario estatal LaNación, en la que anunció que el gobierno va a "seguir presentando querellas cuando corresponda enlos casos donde aún no están interpuestas". La funcionaria sostuvo que "las líneas de acción de este Programa están establecidas por leyy eso no puede cambiarse, a no ser que esa ley sea cambiada". "Pero no está dentro de la política de este gobierno modificar las tareas de este Programa", aclaró y subrayó: "Vamos a cumplir con la ley que nos rige tal como se establece. Para estePrograma y el gobierno, no habrá ley de punto final en las causas de derechos humanos". Lama rechazó la posibilidad de fijar un plazo para la conclusión de los procesos porviolaciones de derechos humanos durante la dictadura porque "las causas tienen un curso natural" y"la historia" ha "demostrado" que "en el derecho penal no se puede poner plazo a los procesos". "Lo que sí se puede hacer es fijar, en conjunto con el Poder Judicial y las agrupaciones de familiares, líneas de investigación que permitan que los procesos avancen más rápido", dijo, perosubrayó que "las causas tienen que seguir su curso natural hasta que se sepa toda la verdad y sehaga justicia". Respecto de la política seguida por el Programa bajo los gobiernos de la Concertación, que seopuso en los tribunales a la aplicación de la amnistía y a la prescripción de los delitos de lesahumanidad, Lama aseguró que "ese criterio se mantiene intacto". "Así lo establecen los tratados internacionales y nuestra legislación tiene incorporados esos tratados", explicó la abogada y remarcó que "ésa seguirá siendo la política institucional de estePrograma". Lama afirmó que, igual que lo hicieron los gobiernos de la Concertación, la administración dePiñera continuará oponiéndose a la llamada "media prescripción" que aplica la Corte Suprema, envirtud de la cual procesados y condenados por delitos contra los derechos humanos pueden cumplirlas penas en sus casas, bajo un régimen de libertad vigilada. "También seguiremos oponiéndonos a ese criterio, porque en este tipo de delitos de lesa humanidad no procede aplicar ni amnistía ni ningún tipo de prescripción", explicó. Asimismo, la abogada manifestó que el gobierno mantendrá el criterio de sostener ante laJusticia la imprescriptibilidad del secuestro en el caso de los desaparecidos porque "es un delitode carácter permanente y así seguirá siendo para este Programa". La funcionaria reveló que mantuvo reuniones con representantes de las agrupaciones defamiliares de víctimas y aseguró que "en más de 90 por ciento" esos contactos "han sidoretroalimentativos". "Ellos han presentado sus inquietudes y yo he respondido a cada una de ellas; han sido bastante receptivos, unos menos que otros, y no ha habido mayor oposición, pero sé que lasconfianzas hay que generarlas según vayan siendo los resultados de nuestro trabajo", señaló. No obstante, indicó que "se llegó a un acuerdo con la Agrupación de Familiares de EjecutadosPolíticos" para trabajar "en conjunto con ellos". Lama aseguró que el equipo de abogados del Programa "se mantiene exactamente igual" y "nohabrá modificaciones", así como no habrá una reducción del presupuesto, para el cual "incluso sepidió una suma adicional". La asunción de Piñera el 11 de marzo pasado, tras haber ganado las elecciones al frente deuna alianza de centroderecha integrada por figuras y partidos que estuvieron comprometidos con ladictadura (1973-90) encabezada por el general Augusto Pinochet, generó en amplios sectores dudas ydesconfianza sobre la política de derechos humanos del nuevo gobierno.

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