El Senado rechazó una petición de la defensa del presidente Fernando Lugo de que otorgaran 18 días para preparar sus argumentos en el juicio político que comenzó este viernes contra el mandatario por el supuesto mal desempeño en sus funciones.
"Hicimos una presentación ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo la nulidad de este proceso de juzgamiento porque dos horas son escasas para reunir documentaciones esparcidas por todas las instituciones públicas para elaborar la defensa, pero no hubo respuesta rápida de la Corte", dijo Enrique García, procurador general de la república y uno de los seis abogados del jefe de Estado.
Jorge Oviedo, presidente del Senado, aclaró que el reglamento interno del juicio político no permite ningún pedido ni incidente: "Los defensores sólo están aquí para realizar su trabajo. No pueden modificar el reglamento", añadió.
El defensor Adolfo Ferreiro, ofuscado y a los gritos, advirtió que el veredicto final será apelado ante organismos jurídicos internacionales.
Por el rechazo, Lugo resolvió seguir su juzgamiento a través de la televisión, en el palacio de gobierno. Desde allí declaró a la radioemisora Montecarlo, de Montevideo, que se encuentra con "serenidad y la conciencia tranquila... Espero que los parlamentarios voten en contra del juicio político porque esperamos fortalecer la democracia, el estado de Derecho y la participación ciudadana", agregó.
Para destituir al mandatario se necesitan dos tercios de los votos del total de sus 45 escaños, es decir 30 votos. El quórum es de 43 senadores presentes. Si el ex obispo católico es destituido, el Partido Liberal Radical Auténtico, de la mano del vicepresidente Federico Franco, volverá a ocupar la presidencia del país luego de 76 años.
MANIFESTACIONES. En paralelo, miles de manifestantes se reunieron en la plaza de armas frente al Congreso para manifestar su apoyo al mandatario, de 61 años y enfermo de cáncer linfático, y contra el juicio político.
Los presentes cantaban “El pueblo unido, jamás será vencido", con decenas de banderas del Paraguay, carteles de la coalición de izquierda Frente Guazú y con inscripciones como "Hasta la victoria, Patria o muerte".
LA RAZÓN DEL JUICIO POLÍTICO. El pedido de juicio político al mandatario se produjo seis días después de la muerte de 17 personas en un enfrentamiento armado entre policías y campesinos durante el intento de desalojo de una reserva forestal en Curuguaty, a unos 400 kilómetros al noreste de Asunción, que desembocó en la renuncia del ministro del Interior y del jefe de la policía.
En Paraguay el 80 por ciento de las tierras fértiles está en poder de 2 por ciento de la población. Los terrenos, en su mayoría, están destinados a la producción agrícola y ganadera que por primera vez en 2010 permitió que Paraguay tuviera un crecimiento económico de 14,5%.
Sin embargo, de 6,4 millones de habitantes el 39 por ciento es pobre y dentro de esa franja el 19 por ciento es miserable, según dijo a la AP el analista internacional Ricardo Rodríguez.
LA MIRADA INTERNACIONAL. El Consejo Permanente de la OEA se reunió el viernes en una sesión extraordinaria convocada con la crisis paraguaya como el único punto en agenda.
El secretario general José Miguel Insulza rechazó describir la situación paraguaya como un golpe de estado porque el "procedimiento legal, constitucional se está siguiendo. Lo que planteamos es la duda de si al seguirlo se están respetando los derechos de las personas a defenderse".
Al igual que los representantes de Bolivia y Venezuela, el embajador de Nicaragua Denis Moncada denunció al proceso político como un "golpe de estado con otras modalidades".
"En años recientes actuaron fuerzas policiales y militares en golpes e intentonas. Hoy la amenaza ha avanzado de forma vertiginosa, disfrazada y encubierta con un supuesto manto legal que desde las cámaras legislativas diseña y ejecuta aceleradamente un golpe de estado parlamentario", agregó.
Por su parte, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) solicitó al Congreso dar al presidente del Paraguay, Fernando Lugo, todas las garantías para una legítima defensa a fin de afrontar el juicio político en su contra y expresó la decisión del bloque de salvaguardar la democracia en Latinoamérica.
Los cancilleres de la Unasur se reunieron anoche con el presidente Lugo en casa presidencial para brindarle su apoyo y coincidieron en la necesidad de garantizar al presidente de Paraguay los derechos de defensa, lo cual caracteriza a los pases democráticos.
Agregó que "el debido proceso comprende incluso el tiempo necesario pueda ejercer su legítima defensa", haciendo referencia a los dos horas concedidas a Lugo para refutar el libelo acusatorio, según cita la agencia estatal IPParaguay.
Fuente: AP, Télam y Noticias Argentinas