Como una violenta e imprevista tormenta, una decena de denuncias penales precipitaron en la Justicia de Mendoza contra la Tupac Amaru y su líder mendocina, Nelly Rojas, a quien los damnificados acusaron de haberles quitado el derecho a la casa propia, por no cumplir con los requerimientos políticos, de militancia o monetarios que imponía la organización para poder acceder a un plan de vivienda.
Fue la inmediata repercusión tras las revelaciones hechas el domingo por el programa PPT (Periodismo Para Todos) de , que investigó la metodología de la organización de Milagro Sala en Mendoza.
La Unidad Fiscal de - no dio a basto ayer recibiendo las nuevas denuncias contra una vieja conocida suya, a la que ya tenía imputada pero en un solo caso.
En las oficinas de la fiscalía se escuchaba ayer el rumor de los propios denunciantes de que más afectados denunciarían en los días venideros.
Imputada por coacción
En efecto, Nélida Rojas, líder local de la Tupac Amaru, está imputada desde el año 2015 junto a su hija y a su yerno, por la fiscal Gabriela Chaves, bajo el delito de coacción, que prevé penas de 5 a 10 años de cárcel.
La fiscal de Las Heras-Lavalle espera además imputar en breve por la misma calificación legal al marido de Nelly Rojas.
Ella y su esposo denunciaron el año pasado en la fiscalía, donde ahora están acusados, a una mujer por el delito de usurpación, pidiendo su desalojo por haber ocupado una vivienda de la Tupac Amaru.
Pero la estrategia judicial les jugó en contra. No solo no lograron sacar a la mujer de la casa, sino que terminaron todos acusados por intimidarla a dejar la vivienda.
La fiscal Gabriela Chaves descubrió, al investigar la usurpación, que la vivienda en disputa y a medio terminar, pertenecía a la mujer a la que querían desalojar, quien era beneficiaria de los planes de la Tupac.
La fiscal escuchó de la propia afectada, que la dirigente de la Tupac Amaru le comunicó que le desadjudicaba la vivienda por no haber cumplido con los pedidos y obligaciones de la organización.
La mecánica de la Tupac en Mendoza
Ese mismo motivo fue el que relató ayer a Diario UNO la maestra, Raquel Anzoategui, quien fue una de las cuatro afectas que contó su situación en el programa de Jorge Lanata.
Raquel afirmó: "La delegada de la Tupac Amaru, Lorena Mayorga me comunicó que me quedaba fuera de las casas del barrio porque no había ido a la asamblea del 29 de octubre pasado que se hizo en Tupungato".
Anzoategui relató: "El año pasado ya me habían asignado el lote para la casa, el 27 de octubre pasado una trabajadora social de la Municipalidad de Lavalle me hizo una entrevista socioambiental y ya he presentado todo el papeleo. Cuando denuncié esto en el municipio y en el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) me dijeron que estaba apta para recibir la casa y que nadie, ni Nelly Rojas, me podía sacar del listado que ya había sido propuesto".
El director de Vivienda de Lavalle, José Luis Blanco, ratificó que la mujer esté dentro de la lista y no puede ser desplazada.
Sin embargo, voces del peronismo mendocino, confiaron que en tiempos del kircherismo "la Tupac era la que cortaba el bacalao y si ponías un pero te llamaban de la Nación".
Anzoategui, por su parte, admitió que desde que entró en 2013 "era común enterarse que dejaban a personas sin casa por no participar".
Recordó que cuando ingresó a la Tupac para entrar al plan de viviendas " comprar la pechera y la bandera, que me costaron $80, un pago único de $750 y la cuota social, que era de $40 por mes y ya es de $80".
Contó también: "En 2014 tuve que desfilar con la pechera y la bandera de la Tupac en el aniversario del departamento de Lavalle".
Precisó además que la organización les pedía aportes económicos para la militancia: "Siempre teníamos que poner plata para los viajes que iban a las marchas al Norte del país o a Buenos Aires. Viajara o no había que pagar igual. El 10 de agosto tuvimos que pagar $500 para la gente que iba a participar de la marcha federal".
Además, el plan de vivienda incluía la obligación de una prestación laboral o comunitaria de hasta ocho horas mensuales: "A mí me tocaba trabajar de sereno a la noche en los barrios pero como no podía hacerlo tenía que pagar a alguien. Con las asambleas y marchas era igual. Si yo no podía ir tenía que enviar a otro en mi lugar", dijo Anzoategui.
La mujer denunciante se quejó: "Tengo los compromisos y aportes con la Tupac al día, no me pueden dejar sin casa por no ir a una asamblea".