La denuncia de 4 juezas federales contra su colega, el mendocino Pablo Salinas, volvió a la comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Consejo de la Magistratura
El reclamo de 4 juezas frenó el archivo de la denuncia contra un colega acusado de actitudes "machistas"
El plenario del Consejo de la Magistratura devolvió el expediente a la comisión de Disciplina para definir si antes del archivo corresponde producir pruebas
Tres de las 4 juezas denunciantes resolvieron el caso Bento, contra un ex colega.
La decisión llegó pocos días después de que las 4 camaristas que impulsaron la denuncia pidieran ser escuchadas antes de que el expediente fuera archivado.
Respecto de ello, será la Comisión de Disciplina la que evaluará si corresponde o no abrir una etapa de producción de pruebas antes de adoptar una decisión definitiva.
La novedad se conoció este 10 de junio tras la reunión plenaria del consejo, donde se trató el pedido para revisar el expediente luego de que la comisión hubiera aprobado por mayoría un proyecto de desestimación de las actuaciones contra Salinas.
El reclamo de las juezas que denuncian a Salinas
Las magistradas Gretel Diamante, María Paula Marisi, María Carolina Pereira y Eliana Rattá Rivas cuestionaron mediante nota escrita que la Comisión de Disciplina hubiera avanzado hacia la desestimación sin recibir sus testimonios sobre los hechos denunciados.
La presentación tuvo su origen en una reunión del Colegio de Jueces Federales de Cuyo realizada en agosto de 2024, durante la discusión del reglamento interno del cuerpo.
Según las juezas, durante ese encuentro Salinas protagonizó conductas que calificaron como "machistas", "prepotentes" y violentas, incluyendo gritos, gestos intimidantes e imputaciones falsas e injuriosas.
"La violencia verbal, gestual y psicológica desplegada por el integrante del colegio Pablo Salinas respecto de las mujeres juezas puso en evidencia conductas machistas y expresiones prepotentes", sostuvieron en la denuncia.
Del pedido de disculpas del juez al debate por las pruebas
La semana pasada, la Comisión de Disciplina debatió un proyecto para cerrar el expediente.
El consejero y juez Alberto Lugones argumentó que el conflicto se encontraba superado a partir del pedido de disculpas formulado por el juez Salinas, de la posterior aprobación del reglamento que originó la discusión y del normal funcionamiento institucional del cuerpo desde entonces.
Sin embargo, la jueza nacional Alejandra Provítola planteó una posición diferente. Sostuvo que antes de resolver el archivo debían recibirse testimonios para determinar con precisión el alcance de los hechos denunciados.
En aquella votación se impuso la postura favorable a la desestimación. Entre quienes acompañaron esa posición estuvo la consejera mendocina Anabel Fernández Sagasti.
Tras esa decisión, las 4 magistradas denunciantes se presentaron directamente ante el Consejo de la Magistratura para reclamar que el caso fuera tratado por el plenario y que se les permitiera ser oídas.
Qué analizará ahora la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura
Con la resolución adoptada por el plenario, el expediente regresará a la Comisión de Disciplina, que deberá resolver si corresponde abrir una etapa probatoria.
Por el momento no existe fecha fijada para esa reunión.
De acuerdo con las normas que regulan estos procedimientos, ni las personas denunciadas ni quienes presentan la denuncia tienen calidad de parte dentro del expediente disciplinario. Por esa razón, la facultad de proponer medidas de prueba corresponde exclusivamente a los consejeros.
Serán ellos quienes deberán definir si impulsan testimoniales u otras medidas, qué hechos pretenden acreditar y por qué consideran que esas pruebas son pertinentes para esclarecer lo ocurrido.
En principio, además de las 4 juezas que hicieron la presentación, también serían escuchados otros 4 jueces.
La discusión sobre género en la Justicia Federal
La denuncia se originó durante el debate del reglamento del Colegio de Jueces Federales de Cuyo, que finalmente incorporó disposiciones vinculadas con la perspectiva de género.
Entre ellas se estableció un esquema de conducción compartida entre una jueza y un juez, alternando la presidencia y vicepresidencia cada año, y la obligación de que las reuniones cuenten con la presencia de al menos un secretario.
Según las magistradas denunciantes, esas cláusulas encontraron resistencias durante las discusiones que dieron origen al conflicto que hoy sigue bajo análisis del Consejo de la Magistratura.