A fines de 2014, la Legislatura de aprobó un informe realizado por senadores y diputados radicales sobre la crítica situación financiera de la .
En ese momento, la polémica estaba centrada en determinar si las irregularidades encontradas eran producto de la negligencia, la situación financiera caótica de Mendoza más la mala administración de la obra social.
El monto de la deuda, la cantidad de personal, el gasto creciente por la incorporación de nuevas obligaciones como el programa para Discapacidad o los tratamientos de fertilidad eran parte de acalorados debates.
Sin embargo, de la deuda tomada sin los procesos legales correspondientes, de los ingresos sin atender la ley, de las irregularidades en torno a la compra de medicamentos y contrataciones de prestadores, nunca se dijo nada concreto en aquella oportunidad.
Sólo fue presentado el caso de empleados que recibían adicionales por mayor dedicación o riesgo psicofísico, que no debían hacerlo por prestar servicios en sitios como la propia Casa de las Leyes.
En ese caso, el actual fiscal Fernando Simón ha remitido a cada uno de los jefes de estas personas pedidos para que expliquen por qué les otorgó dichos adicionales, para empezar a dirimir responsabilidades.
Según informaron desde la Fiscalía, ese proceso todavía no ha terminado por lo engorroso que es y advirtieron de que todos los documentos ofrecidos por no han llegado todavía a la mesa de entrada de este organismo.
En este sentido, es posible que la denuncia descripta por el funcionario sea presentada este jueves.
Del mismo modo, serán ingresados al Tribunal de Cuentas y la Legislatura.