El gobierno nacional amplió este jueves a las provincias la facultad para aplicar el bloqueo de celulares en las cárceles. La resolución responde a un planteo técnico formalizado por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza ante el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para impedir el delito cometido desde los penales.
El alcance de la norma para el bloqueo de celulares
A través de una disposición publicada en el Boletín Oficial, las autoridades extendieron el alcance del procedimiento a todas las jurisdicciones subnacionales. Esta normativa autoriza a los distritos que decidan adherir a requerir la inhabilitación de los equipos que funcionen dentro de las instalaciones carcelarias.
De acuerdo con los considerandos de la medida, la norma obliga a las empresas prestadoras del servicio de comunicaciones a ejecutar de manera inmediata:
- la interrupción del tráfico telefónico y de datos.
- corte de la línea telefónica
- corte del número de identificación del abonado y del código IMEI asignado al dispositivo interceptado dentro del penal
La presentación mendocina que derivó en el bloqueo de celulares
La ampliación dispuesta por las autoridades nacionales tuvo su origen en una petición promovida por el gobierno de Mendoza. A través de una presentación institucional girada al Enacom, el Ministerio de Seguridad y Justicia advirtió sobre los riesgos vinculados a la utilización indebida de telefonía dentro de las unidades de detención.
En ese escrito, la titular de la cartera de Seguridad, Mercedes Rus, señaló la necesidad de contar con un soporte legal claro que integrara a los penales subnacionales en el protocolo preventivo. Hasta la publicación del aviso, las disposiciones sobre interceptación de señales se aplicaban en complejos federales, como las prisiones de Ezeiza y Marcos Paz.
Exigencias técnicas para la aplicación del bloqueo de celulares
Para garantizar que la interrupción del servicio no perjudique a vecinos o comercios ubicados en zonas aledañas a los predios carcelarios, el texto de la resolución publicada en el Boletín Oficial establece condiciones operativas específicas. Las empresas de telefonía móvil deberán efectuar las adecuaciones e implementaciones requeridas para que los inhibidores o la inhabilitación remota operen de forma estricta y acotada al perímetro de los establecimientos.
Asimismo, el reglamento establece que las compañías deberán llevar un registro pormenorizado y mantener bajo custodia la trazabilidad de cada procedimiento ejecutado. Dicha información deberá conservarse en registros auditables a disposición permanente de las autoridades judiciales y administrativas que intervengan en las investigaciones de delitos informáticos o de extorsión.
Las medidas en Mendoza tras la habilitación del bloqueo de celulares
Esta medida dispuesta por el Estado nacional complementa la hoja de ruta que lleva adelante el Gobierno para retirar los teléfonos del sistema penitenciario. Cabe recordar que el uso de estos aparatos había sido autorizado de manera extraordinaria durante la emergencia sanitaria por la pandemia para preservar la vinculación familiar de los internos.
Posteriormente, las autoridades impulsaron acciones administrativas y judiciales para dejar sin efecto ese régimen de excepción y ajustar los controles perimetrales. La ratificación emitida por la Suprema Corte de Justicia respaldó el retiro paulatino de los aparatos y el fortalecimiento del régimen disciplinario dentro de los pabellones.
A la par del reclamo ante las autoridades del Enacom, Mendoza promovió una licitación pública destinada a la adquisición de plataformas integradas de localización, inhibición selectiva y georreferenciación. La Provincia busca combinar tecnología táctica con el marco legal para neutralizar el accionar del crimen organizado.
En pocas palabras
- Gobierno Nacional autorizó la facultad para inhabilitar líneas y equipos móviles en cárceles de provincias adheridas.
- La medida responde a un pedido de Mendoza ante el Enacom para impedir el delito desde penales.
- Las empresas de telefonía deberán adecuar sus sistemas para un bloqueo efectivo y acotado al perímetro carcelario.




