En menos de cinco meses desde que se reglamentó, la nueva Ley de Seguridad Vial de acumula dos recursos de inconstitucionalidad en la Suprema Corte y también en el máximo tribunal nacional.
La Municipalidad de , que dirige Roberto Righi, fue la primera en plantear que esa norma ataca directamente la autonomía municipal y que además, en su caso, la asfixia económicamente. Pero el vicepresidente del PJ en Mendoza también fue más allá y le apuntó directamente a otros caciques sin nombrarlos, como es el caso de Rodolfo Suarez, de Capital.
"Para agrandar el Estado municipal porque hay que nombrar personal, comprar vehículos, grúas y demás para poder aplicarla y no estamos dispuestos a salir a cazar a los vecinos para ver cómo multamos, que es lo que ya hacen algunas comunas con un claro fin recaudatorio", lanzó el peronista en clara alusión a la intendencia de Capital, cuyas autoridades la semana pasada implementaron las fotomultas.
"Esta ley (la 9.024) es inconstitucional porque el Estado provincial nos delega la creación de juzgados viales y el equipamiento de personal y vehicular que eso requiere, pero no nos dan los fondos, dando por supuesto que eso se financia con las multas, pero es imposible porque a la gente no se le puede exigir que pague más. En una comuna pequeña como la nuestra cumplir con eso nos arrebata del presupuesto unos $10 millones", argumentó el intendente de Lavalle.