Con el plan de entregar las casas que dejó inconclusas la organización social Tupac Amaru, el Gobierno provincial invertirá casi $70 millones para terminar de construir en esta primera etapa 81 de aquellas viviendas en Lavalle. En total son 331 las obras que deberá seguir el Instituto Provincial de la Vivienda en distintos departamentos.
Paralelamente, la Justicia local avanza con la causa que investiga si la organización, que a nivel nacional lidera Milagros Sala y en la provincia era conducida por Nélida Rojas, incurrió en fraude a la Administración Pública. Allí el Gobierno de la provincia se constituyó en querellante.
"En esta primera etapa vamos a avanzar con casas que están en Lavalle, tienen entre el 20% y el 25% de obra y poseen un adjudicatario definido por la Dirección de Vivienda y el área social de Hábitat del IPV.
Estamos lanzando la licitación para 31 viviendas que están en el barrio Las Violetas, 8 del loteo La Pega y 42 para el barrio Villa Tulumaya. Son 81 casas de las 265 que quedaron sin terminar sólo en ese departamento. En 20 días será la apertura de sobres", amplió a Diario UNO el titular del IPV, Damián Salamone.
Desde que se puso en marcha el Programa Nacional de Integración Comunitaria a principios del 2000, la mayor parte de los recursos fueron capitalizados por la Tupac Amaru y su red de cooperativas, de las cuales 30 vinculadas a esa organización e involucradas en la causa judicial fueron dadas de baja en agosto pasado por el Instituto de Economía Social de Mendoza.
Esta operatoria, que la Nación dio por concluida a través de la resolución 122/16, consistía en un convenio entre el Gobierno nacional, el IPV y los municipios que tenían relación directa con las cooperativas de vivienda que organizaba la Tupac Amaru. Según datos del IPV, a través de estos convenios en Mendoza se construyeron y terminaron 331 viviendas y quedaron sin concluir 704 con diversos grados de avance.
De estas últimas, 373 están ocupadas y en proceso de legitimación, y restan otras 331 que están sin terminar y sin habitar, que son las que levantará el IPV.
Cuatro intentos de posesión en 15 días
"Estamos llamando a licitación pública para terminar las obras inconclusas y poder liberar los barrios de la custodia policial que le implican un alto costo al IPV", dijo su titular, Damián Salamone, quien contó que para ese control el instituto destina al mes unos $700.000 y aún así en 15 días se concretaron 4 intentos de usurpaciones en Lavalle. "De hecho tenemos 12 viviendas usurpadas, de las cuales 6 son futuros postulantes. Es más, el viernes tuvimos otro intento de usurpación que fue rápidamente resuelto porque actuó en el acto la policía. Con esto es con lo que queremos terminar", concluyó el funcionario.
