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Con una oferta de $ 963.242.892, la UTE conformada por Construcciones Electromecánicas del Oeste SA-OHA Construcciones SRL llevará adelante el proyecto. En 20 días comenzarían las tareas.

El Gobierno adjudicó la terminación de la Cárcel Federal

Con el Decreto 231, el gobernador de Alfredo Cornejo asignó la terminación de las obras del Centro Federal Penitenciario de a la Unión Transitoria de Empresas formada por Ceosa-OHA. Originalmente, la construcción fue contratada por la Nación, iniciada en 2011 y actualmente se encuentra al 37% de su ejecución. En 20 días se reanudarían las tareas.

El Centro Federal Penitenciario Cuyo estará destinado a procesados y condenados por la Justicia federal con asiento en Mendoza que se encuentren en establecimientos penitenciarios provinciales. También se ha previsto recibir en las instalaciones a los procesados y condenados por la Justicia provincial considerados de alto riesgo. Se les brindarán las condiciones inherentes al tratamiento que indica la ley y garantizando la provisión de higiene, vesttimenta, ropa, alimentación, seguridad y asistencia profesional.

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Entre las instalaciones proyectadas, se destacan las de servicios de alimentación, asistencia educativa, espiritual y médica, la biblioteca, el área de recreación deportiva y cultural y los talleres laborales de producción, que incluyen la especialidad regional vitivinicultura.

A tono con las normas nacionales e internacionales en la materia, alojará de forma diferenciada a procesados y condenados, menores y adultos, varones y mujeres, madres y condenados en el período de semilibertad.

El diseño de la obra tuvo en cuenta el concepto de cárcel como un lugar de reinserción social y no de reclusión. De esta manera, se tienen previstos sectores destinados a la educación y al trabajo y sectores diferenciados para procesados y condenados.

Por otra parte, se indicó que cumplirá todos los requerimientos de ley a fin de que se les aseguren a los internos oportunidades para adquirir conocimientos y habilidades, de acuerdo con la Ley Federal y las recomendaciones de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

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