Mendoza Martes, 13 de diciembre de 2016

Cornejo quiere endurecer las sanciones a jueces y fiscales para no tener que llegar al Jury

El oficialismo pidió rescatar una iniciativa que tiene media sanción del Senado hace dos años. Si aprueban el proyecto habrá suspensiones y apercibimientos, sin llegar al Jury de Enjuiciamiento.

Entre las últimas leyes con las que el oficialismo de Mendoza quiere contar antes de fin de año, la de sanciones intermedias para magistrados y fiscales es una de las prioritarias.

En esto trabajan los aliados de Alfredo Cornejo en la Cámara de Diputados, porque el proyecto, de autoría del senador radical Juan Carlos Jaliff y el ex senador justicialista y actual Fiscal de Estado de la provincia, Fernando Simón, fue aprobado por el Senado dos años atrás, y ahora, a pedido del gobernador, se puso nuevamente en agenda.

"Lo vamos a intentar sacar antes del 2017, hay voluntad política de hacerlo", manifestó el presidente de la Cámara de Diputados, Néstor Parés. Mientras, el presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Jorge Albarracín, subrayó que ya están debatiendo dentro de la comisión este proyecto para sacar un despacho favorable, y discutirlo la semana próxima.

El tema de las sanciones intermedias se rescató del olvido después de varios casos resonantes donde se puso en duda el accionar de estos trabajadores de la Justicia local. Puntualmente, las decisiones tomadas por el fiscal Fabricio Sidoti en el caso de Ayelén Arroyo, la joven que había denunciado a su padre por abuso sexual y maltrato, y este no procesó al hombre, sino que le permitió seguir en libertad. Luego, violando la prohibición de acercamiento, concurrió a la casa donde la chica vivía -con su hija y su hermanito de 11 años- y la asesinó.

El caso de la fiscal viajera, Anabel Orozco, quien se fue de vacaciones a Brasil mientras en su trabajo había solicitado licencia por problemas de salud, pero luego se sacó fotos y las subió a las redes sociales, también influyó para que se reactivara un proyecto que había quedado "cajoneado".

En qué consiste

Albarracín explicó que hay buena predisposición entre los diputados para apoyar la sanción definitiva del proyecto para colocar sanciones intermedias, como suspensiones y multas, a los fiscales y magistrados que cometan faltas en su trabajo que no sean de tanta gravedad como para ameritar un pedido de Enjuiciamiento por Jury.

En primer término, al ser una idea compartida entre los principales partidos con representación parlamentaria, es más fácil lograr las adhesiones de una u otra bancada.

"Hay una necesidad común tanto desde nuestro bloque, como desde el peronismo, de lograr alguna forma de sanción al mal comportamiento de estos funcionarios, sin enjuiciarlos. Pero tampoco pasando por alto la falla en el comportamiento", señaló el legislador.

Entre las sanciones que esta propuesta establece se encuentran la de suspensión del funcionario judicial por hasta tres meses. Esto implicaría un descuento del 50% de su salario. Por otra parte, se prevén distintas multas: económicas -descuentos de hasta el 30% del sueldo- y operativas, que tienen que ver, por ejemplo, con el impedimento para ejercer cargos de mayor jerarquía.

En el caso de que el proceso sancionatorio se extienda por más de dos años, el funcionario castigado vuelve a ejercer su trabajo con normalidad.

El proyecto deja establecido que deberá ser la Suprema Corte de Justicia de Mendoza la que refrende cada una de las sanciones para evitar la inconstitucionalidad de la norma.

Otros cambios a la Ley 4.970

Además de las sanciones intermedias, el proyecto va por otros cambios. Uno de ellos es regular la incapacidad física y psíquica como causal de mal desempeño. Quieren que la determine una comisión de tres peritos, de la Suprema Corte de Justicia o una junta médica conformada por integrantes de las universidades de medicina. También buscan ampliar la subrogancia a los camaristas de los fueros penales, de familia y laborales, y no tan sólo a los civiles.

Por otra parte, se contempla la posibilidad de realizar denuncias anónimas, que hoy no están permitidas.

El gobernador Alfredo Cornejo cuestionó el accionar del Jury cuando decidieron suspender el procedimiento iniciado al fiscal Fabricio Sidoti, por el voto de los legisladores peronistas y de los miembros de la Suprema Corte de Justicia.

En esa oportunidad, Cornejo manifestó la posibilidad de modificar las mayorías en la composición del tribunal, puesto que sostuvo que existe una actitud corporativa entre los jueces para salvar a sus pares. Este aspecto puede ser eje de futuros debates legislativos.

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