Tres ex policías más fueron detenidos por el caso Guardati y buscan al captor en Estados Unidos

Las detenciones fueron ordenadas por el juez federal Marcelo Garnica, que -además- tramita la captura internacional y extradición de otro ex uniformado, que vive en Estados Unidos: Walter Godoy, quien ha sido señalado como el captor de Guardati a la salida de un baile en la escuela Atilio Anastasi de La Estanzuela.

Aracena, Luffi y Páez fueron imputados por el delito de desaparición forzosa de personas en perjuicio Paulo Cristian Guardati, desaparecido durante la gobernación de Rodolfo Gabrielli.

La situación procesal de Godoy podrá encuadrarse en el mismo sentido recién cuando desde Estados Unidos lleguen novedades de que ha sido detenido y traído a Mendoza, donde deberá ser imputado y prestar declaración indagatoria en el Juzgado Federal 3.

Casación Penal destrabó la situación procesal de los nuevos detenidos

Los ex policías Aracena, Luffi, Páez y Godoy elevaron a 7 la cantidad de sospechosos que irán a juicio oral y público por la desaparición de Guardati. El octavo será Godoy.

La Justicia Federal de Mendoza ordenó detenerlos luego de que, el 28 de octubre último, la Cámara de Casación Penal declaró inadmisible un recurso presentado por los ex uniformados y confirmó la anulación de los sobreseimientos con que la Justicia de Mendoza los benefició en la década del '90.

Los magistrados Javier Carbajo, Alejandro Slokar y Daniel Petrone, de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, zanjaron un viejo conflicto procesal y despejaron el camino para que el caso Guardati vaya a juicio oral y público durante 2027.

El caso Guardati: 34 años desaparecido

Paulo Cristian Guardati fue capturado por policías en mayo de 1992.

Fue ingresado en la dependencia policial de La Estanzuela, que depende -desde lo operativo- de la comisaría Séptima, frente a la plaza de Godoy Cruz.

La madre, Hilda Lavizzari, reclamó en sedes policiales y judiciales tras darse cuenta de que el muchacho no había vuelto a casa después del baile en la escuela Anastasi.

El caso estuvo en manos de la Justicia provincial y en 2017 pasó a manos de la Justicia Federal al igual que otro caso de desaparecidos en democracia en Mendoza: Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, en 1990, en el Parque San Martín.

Nunca más se supo de Guardati, como tampoco de Garrido ni de Baigorria.

Hubo rastrillajes y excavaciones en el cementerio de Capital. Todo dio negativo. Incluso, peritajes de ADN sobre restos óseos.

"No voy a morirme hasta que me digan qué pasó con mi hijo", repite incansablemente la madre de Guardati que cuenta con el patrocinio legal del abogado Carlos Varela Álvarez.

A mediados de la década del '90, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por las desapariciones forzosas de Garrido, Baigorria y Guardati, tomando como referencia la investigación a cargo de un grupo de abogados.

Se pagaron indemnizaciones a los familiares de los desaparecidos pero nunca se descubrió qué sucedió con ellos. La segunda parte de la condena internacional obliga al Estado argentino a seguir investigando.

Por ello, el caso Guardati -así como también las desapariciones de Garrido y Baigorria- quedó en manos de la Justicia Federal.