Termina 2024, el año que puso a prueba a la Justicia Provincial y Federal en Mendoza
De Cristian Guardati a Pedro Llorente pasando por Walter Bento, Janina Ortiz y los rugbiers franceses, la Justicia dio mucho para contar en el año que se va
La Justicia termina un 2024 intenso por varios casos, como los vinculados a Cristian Guardati, Norma Llatser, José Valerio y Janina Ortiz.
Termina 2024, uno de los años más intensos de los últimos tiempos en la Justicia de Mendoza y en los Tribunales Federales, más por asuntos ligados a la política que con intereses del ciudadano común. El último día hábil -este lunes 30 de diciembre- volará, sin dudas, entre la organización de la feria de enero de 2025 y brindis en fiscalías, juzgados y defensorías.
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La Justicia y el pasado que vuelve
A continuación, tres casos de vieja data en la Justicia que recobraron actualidad y que tienen que ver con desapariciones nunca resueltas de personas, aunque hayan derivado en condenas al Estado y en el pago de indemnizaciones a familiares gracias a la intervención de organismos internacionales de Derecho.
Hilda Lavizzari, la madre de Cristian Guardati, desaparecido en Mza en 1992. Fotos de Cristian Lozano (9).jpeg
La madre de Cristian Guardati, desaparecido en 1992, renovó esperanzas tras la detención e imputación de 3 ex policías.
Foto: UNO / Cristián Lozano
Oscar Garavaglia
El martes 10 de diciembre y con aval de la Justicia, un equipo de especialistas en antropología forense se internó en un pueblo minero con cementerio incluido -todo abandonado en la década del '40- en el desierto sanrafaelino, casi en el límite con General Alvear, en busca de los restos de Oscarcito Garavaglia, de 17 años.
Se trata del desaparecido el 12 de enero de 1979 en inmediaciones del Nihuil, cuando acampaba con otras cinco personas, cuatro de las cuales ya murieron. Una zapatilla de marca Flecha, típica de los '70 y '80, con suela y puntera de goma blancas -calzado que usaba el muchacho- es la pista concreta de los investigadores que van tumba por tumba, acaso hasta registrar las 200 que guardan los huesos y cenizas de hombres, mujeres y niños de la zona.
Garrido y Baigorria
Alto impacto provocó, a fines de febrero -a poco de iniciado el año de trabajo en la Justicia- la detención de 18 ex policías y dos ex jueces de otro caso emblemático: las desapariciones nunca esclarecidas de Adolfo Garrido y Raúl Baigorria, en 1990, en el Parque General San Martín, un sábado de abril.
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La comisión ad hoc que en los '90 determinó que Garrido y Baigorria en 1990 y Cristian Guardati en 1992 fueron desaparecidos por policías en actividad.
Fue a manos de policías de la época que actuaron a plena luz del día y con absoluto descaro porque se sabían impunes. El tiempo les dio la razón, más allá de que una comisión ad hoc haya llegado a la conclusión -a mediados de los '90- de que fueron llevados al ex Palacio Policial y luego desaparecidos. Termina el 2024 y varios de esos detenidos irán a juicio a más tardar en 2026, siempre y cuando sigan vivos porque el paso del tiempo no afectó el hallazgo de la verdad pero también hizo mella en la salud de varios.
Antes de ir al costado estrictamente político de los hechos de la Justicia destacados de 2024, detengámonos un poco en otro caso que merece ser contado: la muerte de Gabriel García Campoy. Sigamos con una pregunta que perfectamente podría aplicarse a los casos Guardati, Garrido y Baigorria y Garavaglia, antes mencionados.
La muerte de García Campoy, reabierta 10 años después
¿Podrá descubrirse, 11 o 12 años después, según ocurra en 2025 o 2026, si García Campoy se suicidó con una vieja escopeta de su propiedad, como afirmó en 2014 el entonces juez Walter Bento en base a peritajes y declaraciones acumulados en el expediente? ¿O fue asesinado por los gendarmes que aquella tarde de junio lo detuvieron en un retén, cerca de la destilería de YPF, y le pidieron los papeles del arma de fuego? La reapertura de la pesquisa, ordenada por la Cámara Federal de Apelaciones a comienzos de octubre, fue un volver a vivir para la familia del muchacho y una cuesta empinadísima para la Justicia Federal, que debió convocar a peritos balísticos y forenses para enhebrar la teoría de que García Campoy jamás se habría quitado la vida.
Todavía es un misterio. Los policías junto al auto de la víctima. A la izquierda, García Campoy.
La escena de la muerte de García Campoy, caso de 2014 investigado por Walter Bento y reabierto este año por la Justicia Federal.
Nuevo modelo de Justicia: fiscales federales investigadores
Antes de pasar a lo político puro y duro es conveniente tener en cuenta que durante el año que se agota, la Justicia Federal adoptó en agosto un nuevo sistema procesal, donde los fiscales están a cargo de pesquisar cada hecho criminal en materia de narcotráfico, contrabando y trata de personas mientras que los jueces pasaron a convertirse en los garantes de la legitimidad de cada investigación. Igual que en la totalidad del territorio provincial desde hace casi 20 años.
Semejante transformación, aún en desarrollo por cuestiones presupuestarias que dependen de la Nación -como personal y edilicias- ya dio algunas buenas señales, como cuando una mujer fue sentenciada por tráfico de drogas en apenas 2 días ¡y un sábado!
Gendarme preso en Venezuela y un fallo judicial para Maduro
Otro episodio de alta repercusión pública, esta vez a nivel nacional e internacional, que ocupó a la Justicia Federal de Mendoza en las últimas horas, también sucedió un día no laborable: el domingo 22 por la tarde, la Cámara Federal de Apelaciones, con las firmas de Gustavo Castiñeira de Dios, Manuel Pizarro y Juan Antonio Pérez Curci, le exigió al gobierno venezolano a través de un fallo de 13 carillas que informe "de inmediato" dónde y en qué condiciones está detenido el gendarme argentino Agustín Nahuel Gallo, capturado por la administración de Nicolás Maduro el 8 de diciembre, apenas pisó territorio caribeño para encontrarse con la esposa y el hijo -naturales de ese país-.
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La Justicia Federal reclamó a Venezuela -a través de un fallo de la Cámara de Apelaciones de Mendoza- que diga dónde está el gendarme argentino Agustín Gallo, preso desde el 8 de este mes.
La hora de la política y la Justicia
La Suprema Corte de Justicia ha sido noticia una y otra vez en 2024 por razones políticas.
Al sabido distanciamiento -es decir, los tironeos- entre los peronistas y radicales que integran el máximo tribunal, se agregó la tensión 24/7 entre el supremo José Valerio y el mismísimo gobernador Alfredo Cornejo, quien lo posicionó en 2016.
En los discursos, por el funcionamiento y la performance del fuero penal. Puntualmente, por los años de cárcel que fijan los jueces al final de ciertos juicios a delincuentes, por los tiempos que demanda la resolución de ciertos expedientes, por los jueces que no trabajan en sus despachos en el Polo Judicial...
El último fogonazo fue visto el 6 de diciembre en el edificio de calle Peltier por la decisión de Valerio en el viejísimo juicio del Gobierno de Mendoza -durante la primera gestión de Cornejo- contra las reformas estatutarias de la Fundación Santa María, dueña de la Universidad Champagnat.
Con su voto, Valerio definió el pleito 2 a 1 y validó todo lo dispuesto por el peronista Celso Jaque en las horas previas a entregarle el mando a Paco Pérez. Para el Gobierno, aquello fue legitimar el desembarco peronista en tierra cornejista: Godoy Cruz.
Cornejo felicita a Valerio ante la mirada del supremo Pedro Llorente; corría 2018.
Mendoza, 2018. Cornejo felicita a Valerio y Llorente mira. Este año, los tres protagonizaron noticias de tinte político-judicial.
La salida de Llorente y el fin de la Corte de Llaver
Otra noticia del ámbito cortesano se produjo a mediados de noviembre cuando el supremo Pedro Llorente renunció al máximo tribunal al que ingresó en 1987 de la mano del radical Felipe Llaver. Era cuestión de esperar, habían asumido en el Gobierno, luego de que el sanrafaelino afrontara -con enviadable estoicismo- todos y cada uno de los embates post pandemia para que dimitiera y abriera la chance de designar sucesor.
Llorente avisó de su partida tres meses y medio antes para que Cornejo eligiera tranquilo y con tiempo, pero el sancarlino sólo tenía que ofrecerle el puesto a la camarista laboral Norma Llatser y escuchar el sí tan deseado por ambos.
Norma Llatser, la elegida
Termina el 2024 y la palmirense Llatser, ya con el acuerdo del Senado para integrar la Corte en el bolsillo, da por terminados algunos asuntos en la Segunda Cámara del Trabajo y prepara las maletas para vacacionar en el exterior antes de emprender, en marzo, el desafío profesional más importante de su vida.
Nadie le cuestiona nada en cuanto a su desempeño jurídico, pero muchos ya la miran de reojo y la tildan de jueza cornejista, más aún después de que visitó al mandatario apenas una hora y media después de la votación 24 a 13 en el Senado que la catapultó al cuarto piso de los tribunales provinciales.
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Norma Llatser visitó al gobernador tras recibir acuerdo del Senado para ir a la Corte en lugar de Llorente. ¿Error no forzado o mensaje cifrado?
Matrimonio. Ex intendente Daniel Orozco y su esposa, la diputada suspendida Janina Ortiz. Ambos están imputados.
Nicolás Rios
Con esos delitos aún bajo investigación, la Corte tendrá en 2025 que resolver en sesión plenaria una acción de inconstitucionalidad que Ortiz presentó contra la decisión de suspenderla de la Cámara de Diputados. O sea, mucha tela para cortar.
Los rugbiers franceses y la violación que no fue
Atenti al caso de los dos rugbiers franceses que estuvieron presos y bajo proceso por violación de una mendocina de 39 años. De julio a diciembre, Mendoza fue noticia internacional por la acusación de Oscar Jégou y Hugo Auradou, sobreseídos recientemente porque el Ministerio Público Fiscal llegó a la conclusión -en base a todo tipo de pruebas y peritajes- de que no hubo ultraje sino una relación sexual consentida.
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Los rugbiers franceses estuvieron dos meses en Mendoza, tras la denuncia por violación de una mujer de 39 años.
La Justicia Federal y el juicio a Walter Bento
El edificio de los Tribunales Federales, justo enfrente de la Justicia Provincial, también ha sido fuente de noticias jurídico-políticas este año. Picantes y de largo aliento. Prometedoras.
Buena parte del año se fue en el juicio oral y público al ex juez federal con competencia electoral Walter Bento, la esposa, Marta Boiza, los hijos -Nahuel y Luciano Bento- por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero proveniente de la corrupción en la función; proceso que se desdobla para el ex usía y para un lote abogados por cobro y pago de coimas a cambio de resoluciones judiciales a medidas.
Este megaproceso, que comenzó en julio de 2023, se detuvo hace una semana por la feria judicial de verano y, al mejor estilo de una serie de Netflix, continuará. Será a partir de febrero.
Se abrirá la etapa de los alegatos de todas las partes intervinientes -la gran cantidad de imputados hará extensa la lista de abogados defensores y todas las alocuciones demandarán varios meses de audiencias- hasta que el Tribunal Oral Federal 2 les otorgue a la familia Bento y a los demás procesados la posibilidad de decir las últimas palabras antes de que Gretel Diamante, Carolina Pereyra y Eliana Rattá se reúnan en deliberación secreta y dicten una de las sentencias judiciales más esperadas de los últimos años en Mendoza.
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En el banquillo, el ex juez federal Walter Bento, la esposa -Marta Boiza- y dos de los tres hijos del matrimonio.
Antes de dejar el escandaloso caso Bento recordemos, a modo de síntesis, que el ex juez -destituido y encarcelado en noviembre de 2023- insistió, cada vez que tuvo la palabra, con que el megajuicio es fruto de una trama urdida en su contra por el fiscal acusador.
Otro hito devoró gran cantidad de horas de audiencia: las idas y venidas de Bento ante el tribunal de juicio y la Cámara de Casación Penal de la Nación, con sede en Buenos Aires, para, finalmente, acceder a dos permisos para dejar la cárcel de Campo Cacheuta por 18 días en total e instalarse en su casa del barrio Palmares, con tobillera electrónica, y acompañar a su hijo Facundo Bento, quien sufre problemas de salud que se potenciaron por la ausencia de la madre, Marta Boiza, internada varios meses desde julio y operada por una fractura.
El sillón que dejó Walter Bento y el sello del kirchnerismo
Un coletazo más del caso Bento: el afán del Consejo de la Magistratura de la Nación de designar sucesor por concurso de oposición y antecedentes se topó con la irreductible actitud del kirchnerismo de hacer todo lo posible para ralentizarlo.
Ya lo había hecho en la previa del juicio político, retardando por meses la fase administrativa que derivó en la suspensión, juzgamiento y, finalmente, la destitución del ahora ex magistrado. El nuevo freno tuvo nombre y apellido: Héctor Recalde, que falleció sin haber presentado, tres meses antes, un informe clave sobre los 52 aspirantes que rindieron el examen. Acaba de asumir en su lugar César Grau, otro abogado K. Vayamos alzando las copas para despedir el año porque hasta marzo o abril de 2025 todo seguirá como hasta hoy.
