La decisión del gobierno de discontinuar el aporte obligatorio que sostiene al PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) disparó un litigio con parte del sector. Es que la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), la entidad ejecutora, decidió ir a la Justicia en busca de revertir la medida.
La cúpula de COVIAR decidió iniciar una cruzada en la Justicia contra la decisión de Sturzenegger
Foto: Martín Pravata/ Diario UNOAsí lo decidió el directorio de COVIAR el viernes 8, dos días después de conocerse la resolución de Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, a la que calificaron de "inconsulta, inoportuna e improcedente".
"Con la participación de las cámaras y también de los gobiernos de las provincias productoras como San Juan, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Entre Ríos, se decidió presentar ante la Justicia una medida cautelar y un recurso de amparo".
Para el presidente de COVIAR, Fabián Ruggeri, el objetivo de ese recurso es "impedir que se suspenda el cobro de la contribución obligatoria, que no puede dejar de serlo. Tampoco que un sector pague y todos se beneficien".
El contrapunto Sturzenegger-COVIAR
"El Estado cobraba y recaudaba impuestos para el sector privado" argumentó Sturzenegger para justificar el "ponerle fin al PEVI y a la COVIAR". Lo que, pese al aval de un sector, generó la reacción inmediata de los mentores del plan.
Luego de calificar a la decisión como inconsulta, Ruggeri la tildó de "inoportuna" por el hecho de "sumar un conflicto que es innecesario en medio de una crisis tan seria como la que atraviesa la vitivinicultura en vez de trabajar por superarla".
Pero el directivo fue más enfático todavía. Y cargó contra Sturzenegger, a quien criticó por tener "una visión absolutamente sesgada, obsecuente y elitista", que lo llevó a escuchar "a una parte de la vitivinicultura" y ser "muy básico".
Los argumentos para ir a la Justicia
La arquitectura jurídica del recurso de amparo para solicitar la cautelar a la Justicia tiene un cimiento sólido: tanto el PEVI, razón de ser de la COVIAR, como su financiamiento, están consagrados en una ley nacional, la 25.849.
La norma, promulgada en febrero de 2004, definió a la Corporación "persona jurídica de derecho público no estatal" y le asignó el rol de "de gestionar e implementar" el plan estratégico con una meta inicial al 2020, y más tarde al año 2030.
A esa condición se aferra la cúpula de COVIAR. "Una resolución no puede modificar una ley. Por eso consideramos que es improcedente", precisó Ruggeri sobre los fundamentos del recurso, cuya presentación tiene un plazo de 15 días hábiles.
Lo cierto es que los tiempos corren y el litigio, que recién comienza, promete escalar si, como es esperable, el gobierno nacional a través de Sturzenegger, redobla la apuesta en la Justicia.