La Justicia laboral sancionó económicamente a una bodega mendocina de renombre internacional por demorar el incumplimiento de la sentencia judicial.

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Fechada en mayo, la misma ordena a La Agrícola SA "reincorporar de forma inmediata a sus tareas habituales y sin pérdida de salario" a un ingeniero al que despidió en plena pandemia de coronavirus.

Esta acción quedó prohibida expresamente por un decreto presidencial emitido cuando comenzó la emergencia sanitaria nacional.

Por estas horas, el demandante, un europeo radicado en Mendoza hace más de una década, jugó una ficha adicional fuerte: radicó una denuncia penal por el delito de desobediencia a la autoridad pública sancionado por el artículo 239.

Fracasó una audiencia de conciliación y el caso siguió.

Este lunes, los jueces laboralistas Norma Llatser, Jorge Gabutti y Julio Gómez (hijo) decidieron sancionar a La Agrícola SA, propiedad del reconocido bodeguero José Zuccardi, con una cifra en dinero por cada día de incumplimiento de la sentencia.

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Son $1.180 resultantes del cálculo del 5% del JUS, una unidad de medida fijada como referencia para estas instancias.

Más allá del importe en dinero, que puede parecer exiguo, este caso tiene clara relevancia por ser un caso testigo mendocino de despido durante la emergencia sanitaria.

Argumentos

Los jueces rechazaron también un planteo de La Agrícola SA que apuntaba a que la situación del ingeniero se mantuviera como antes del fallo que ordenó reponerlo en su puesto de trabajo.

“El gobernante ha dispuesto fortalecer las licencias preventivas de índole sanitario, con la imposibilidad patronal de decidir la pérdida de la fuente laboral” “El gobernante ha dispuesto fortalecer las licencias preventivas de índole sanitario, con la imposibilidad patronal de decidir la pérdida de la fuente laboral”

De la Segunda Cámara del Trabajo, acerca del DNU presidencial

Desde La Agrícola SA decidieron no hablar públicamente del caso. Idéntica es la postura de Juan Mammana, el abogado del demandante, ya que las partes en pugna suscribieron un acuerdo de confidencialidad en la Segunda Cámara del Trabajo.

Todo indica que el juicio avanzará y que el caso terminará en la Sala II de la Suprema Corte, donde se tratan los expedientes laborales y penales.

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