La Justicia define si Roberto Macho va a juicio por cortar calles o si anula el proceso, como pide ATE. Estuvo preso en 2022 y ahora se define la acusación
Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.
Roberto Macho, secretario general de ATE, enfrenta este martes una audiencia judicial que podría derivar en un juicio oral y público por cortar calles o en la nulidad de la investigación de la Fiscalía que lo tiene como imputado desde 2022.
El futuro del dirigente está en manos del juez Juan Manuel Pina González. A partir de las 9, en el Polo Judicial, la defensa de Roberto Macho explicará por qué todo lo actuado debe quedar sin efecto y la Fiscalía fundamentará por qué deberá ir a juicio.
Roberto Macho, quien tendrá el apoyo político-sindical de dirigentes de ATE nacional -entre ellos Roberto Aguiar- no tiene pensado aceptar los cargos y declararse culpable en un juicio abreviado, a cambio de una pena menor a la que podría recibir en un debate con testigos y todo.
"Sería criminalizar la protesta sindical en defensa de los derechos de los trabajadores", repiten desde su entorno.
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Roberto Macho quedó imputado en 2022 por reiterados cortes de calles.
"Se castiga con prisión de tres meses a dos años a quien impida, estorbe o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos", indica el artículo 194 del Código Penal de la Nación.
El 2 de agosto de 2022, Macho fue detenido en cercanías del hospital Notti de Guaymallén, uno de los puntos de protesta de ATE y demás gremios estatales por mejoras de las condicionales laborales y salariales.
Lo condujeron hasta la comisaría Tercera, en calle Rioja de Ciudad, y luego a la cárcel de San Felipe.
Quedó imputado por 5 hechos y recuperó la libertad al día siguiente. Fue bajo fianza y la imposición de una serie de reglas de conducta hasta la finalización del proceso.
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La Fiscalía avanzó en la instrucción de las causas penales y Macho se defendió alegando que todo el proceso judicial en su contra, de su esposa -Adriana Iranzo, también de ATE- y de tres dirigentes del Polo Obrero implicaban "la criminalización de la protesta sindical".