Roberto Macho, secretario general de ATE, enfrenta este martes una audiencia judicial que podría derivar en un juicio oral y público por cortar calles o en la nulidad de la investigación de la Fiscalía que lo tiene como imputado desde 2022.
Delito penal
Roberto Macho, dirigente de ATE, quedó al filo de ir a juicio por cortar calles
La Justicia define si Roberto Macho va a juicio por cortar calles o si anula el proceso, como pide ATE. Estuvo preso en 2022 y ahora se define la acusación
Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.
El futuro del dirigente está en manos del juez Juan Manuel Pina González. A partir de las 9, en el Polo Judicial, la defensa de Roberto Macho explicará por qué todo lo actuado debe quedar sin efecto y la Fiscalía fundamentará por qué deberá ir a juicio.
Roberto Macho, quien tendrá el apoyo político-sindical de dirigentes de ATE nacional -entre ellos Roberto Aguiar- no tiene pensado aceptar los cargos y declararse culpable en un juicio abreviado, a cambio de una pena menor a la que podría recibir en un debate con testigos y todo.
"Sería criminalizar la protesta sindical en defensa de los derechos de los trabajadores", repiten desde su entorno.
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Roberto Macho, imputado hace poco más de 2 años
Roberto Macho quedó imputado en 2022 por reiterados cortes de calles.
"Se castiga con prisión de tres meses a dos años a quien impida, estorbe o entorpeciera el normal funcionamiento de los transportes o los servicios públicos", indica el artículo 194 del Código Penal de la Nación.
El 2 de agosto de 2022, Macho fue detenido en cercanías del hospital Notti de Guaymallén, uno de los puntos de protesta de ATE y demás gremios estatales por mejoras de las condicionales laborales y salariales.
Lo condujeron hasta la comisaría Tercera, en calle Rioja de Ciudad, y luego a la cárcel de San Felipe.
Quedó imputado por 5 hechos y recuperó la libertad al día siguiente. Fue bajo fianza y la imposición de una serie de reglas de conducta hasta la finalización del proceso.
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La Fiscalía avanzó en la instrucción de las causas penales y Macho se defendió alegando que todo el proceso judicial en su contra, de su esposa -Adriana Iranzo, también de ATE- y de tres dirigentes del Polo Obrero implicaban "la criminalización de la protesta sindical".