Justicia Federal

Pidieron 14 años de cárcel para una mujer transexual acusada de trata de personas

Esta semana finalizará el juicio contra Paloma León Araya (50), acusada de manejar un prostíbulo en las inmediaciones de la Costanera. Tres presuntos cómplices de la trata de personas arriesgan de 4 a 12 años de cárcel

El próximo miércoles, Paloma León Araya (50) sabrá si recibe una dura pena por trata de personas, si es condenada a menos años por explotación de la prostitución ajena o si es sobreseída. Otros tres presuntos cómplices de la mujer transexual arriesgan penas de entre 4 y 12 años de prisión.

A mediados de la semana pasada ingresó en la recta final el juicio que comenzó el último día de octubre contra los cuatro sospechosos. La sinopsis de la teoría fiscal es que Paloma León regenteaba los trabajos sexuales de un grupo de travestis en las inmediaciones de la Costanera, con amenazas y violencia mediante. A tal punto que en una ocasión casi asesinaron a una de las víctimas -ver más abajo-.

La fiscal federal María Gloria André encabezó los alegatos donde pidió una condena de 14 años de prisión para Paloma León por trata de personas agravada. También consideró que son culpables sus presuntos cómplices: su novio Ricardo Cáceres (37) debería ser sentenciado a 4 años de cárcel mientras que otra mujer transexual, Antonella Rubí Iparraguirre (31), debería recibir 12 años por ser la mano derecha de León.

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En tanto que la pareja de esta última, Matías Andrés Carretero (41), debería ser penado a 10 años de prisión por ser el autor del disparo que casi termina con la vida de una trabajadora sexual.

Los abogados defensores solicitaron en su mayoría la absolución de sus clientes. Aunque también como segunda opción solicitaron una pena menor mediante un cambio de calificación de delito a explotación de la prostitución ajena. En el caso de Carretero, sus representantes legales solicitaron una pena excarcelable por abuso de armas de fuego.

El Tribunal que lleva adelante el juicio se tomó un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles, cuando escuchará la última palabra de los sospechosos y luego emitirá su veredicto.

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Trata de personas, amenazas y violencia

En diciembre de 2020 una llamada anónima a la línea 145, del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, denunció que Paloma León explotaba a mujeres transexuales y hasta a menores de edad en la zona de San José cercana a la Costanera.

Los investigadores policiales detectaron los movimientos típicos de prostitución que encabezaba Paloma León, quien tenía como sede operativa un departamento con habitaciones para los servicios sexuales y una terraza para vigilar el movimiento callejero de las víctimas. Las escuchas telefónicas le dieron fuerza a la pesquisa.

La idea era captar a mujeres transexuales o travestis en situación de vulnerabilidad y ofrecerles trabajo sexual las zonas que dominaba Paloma León: San José, la Cuarta Sección Este y una parte del carril Rodríguez Peña que llamaba "La Ruta". La proxeneta les ofrecía seguridad.

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Pero a cambio debían pagar una "plaza" para que las dejaran trabajar en la vía pública. También los clientes podían utilizar una de las habitaciones del departamento de Paloma León, previo pago de $300, y además la acusada cobraba el servicio. Los primeros días de cada mes se realizaba una reunión para ordenar las cuentas y pagar lo correspondiente. Las que faltaban a esa cumbre luego debían rendir una multa de 10 mil pesos.

La Fiscalía sostiene que Paloma León aprovechaba las adicciones de las víctimas adicciones para venderles drogas. En algunas escuchas telefónicas se hablaba de una travesti que debía pagar $300 mil y en otras de préstamos o dinero de ANSES de las trabajadoras que se dejaba León.

Paloma León, Antonella Iparraguirre y Matías Carretero también son juzgados por una tentativa de homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por criminis causa. El 24 de marzo de 2021, una trabajadora recibió un disparo que atravesó su tráquea y quedó alojado en la zona cervical. Se salvó de perder la vida por cuestión de milímetros.

La acusación sostiene que León e Iparraguire mandaron a Carretero a asesinarla ya que les tenía que dar una tarjeta de débito donde las proxenetas tenían ahorrados cerca de un millón de pesos.

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