El caso Garrido y Baigorria, el primero de detenidos desaparecidos en democracia en Mendoza, pasó a ser investigado por la Justicia Federal de Mendoza desde 2017 cuando fue considerado delito de lesa humanidad, imprescriptible a pesar del paso del tiempo.
Durante casi 28 años la pesquisa para dar con Adolfo Garrido y Raúl Baigorria había estado en manos de jueces y fiscales de la Justicia provincial y quedó en punto muerto.
Garrido y Baigorria
El informe del fiscal federal Fernando Alcaraz reveló que algunos de los más de 150 testigos entrevistados en los últimos 4 años revelaron información determinante para encauzar la pesquisa por lo cual son de identidad reservada.
La Policía Federal y la Gendarmería colaboraron para dar con todos los convocados, muchos de los cuales habían cambiado de domicilio respecto de lo que figuaraba en el expediente original.
Alcaraz también investiga desde 2021 otro caso emblemático en Mendoza: la desaparición forzosa de Cristian Guardati.
Volviendo al caso Garrido y Baigorria, la Justicia Federal pidió al Ministerio de Seguridad de la provincia toda la documentación administrativa -libros de actuaciones y de guardias- para descubrir quiénes eran los policías que estaban trabajando el 28 de abril de 1990 en ciertas dependencias cuando se produjeron las detenciones en el Parque San Martín.
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Garrido y Baigorria fueron detenidos en la rotonda de Monseñor Orzali (vista aérea). Foto: Mendoza Antigua.
También se requirió el envío de legajos y demás datos personales de una determinada cantidad de uniformados de la época.
Poca de esta documentación está digitalizada, lo que representa un escollo para el fiscal Alcaraz, que solo está autorizado a recibirla en ese formato, como el resto de las actuaciones que ingresan al Poder Judicial de la Nación.
El informe de la comisión ad hoc
También se tienen en cuenta la investigación y las conclusiones de una comisión ad hoc de abogados que en 1996 estableció, en base a testigos y documentación, que las desapariciones sucedieron a manos de policías uniformados y en actividad.
El plazo de 4 años y 2 meses fijado por la ley para mantener el estado de imputación de posibles sospechosos, advirtió el magistrado, podría prorrogarse ya que se trata de una causa compleja debido a la gran cantidad de pruebas, mucha de la cual demandan mucho tiempo en ser producidas e incorporadas a esta nueva etapa de la pesquisa.
