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Investigación judicial

Caso Guardati: ya no hay fecha tope para atrapar a los asesinos

A partir de ahora el caso Guardati es considerado un crimen de lesa humanidad y no hay fecha límite para condenar a los culpables, lo que habilita a continuar la pesquisa

La investigación judicial por la desaparición de Paulo Cristian Guardati cambió de manos y casi 30 años después de ocurrida y quedó a cargo de la Justicia federal de Mendoza, que desplazó a la Fiscalía de Homicidios de la provincia. A partir de ahora es considerado un crimen de lesa humanidad y no hay fecha límite para condenar a los culpables, lo que habilita a continuar la pesquisa.

Fue por decisión del fiscal Fernando Alcaraz y el juez Marcelo Garnica, titular del Juzgado de instrucción 3. Ambos avalaron el pedido de la madre de Guardati de que el caso sea investigado como una desaparición forzosa a manos de la Policía, lo que habilita la jurisdicción federal.

En el mismo acto ya dejó de ser tratado como una simple averiguación de paradero, calificación que determinó que desde 1992 estuviera en manos de la Justicia de Mendoza. En los últimos años, estaba en manos de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, que había avanzado con la recolección de pruebas pero sin resultados exitosos.

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La madre de Guardati en el cementerio de Capital en una de las tantas investigaciones para dar con los restos del hijo.

La madre de Guardati en el cementerio de Capital en una de las tantas investigaciones para dar con los restos del hijo.

A partir de ahora, el caso Guardati es considerado un crimen de lesa humanidad y por lo tanto no prescribe, es decir que no hay plazo límite para condenar a los culpables, tope que sí existía en el fuero provincial.

El planteo de la madre de Guardati fue elevado a la Justicia federal de Mendoza por los abogados Carlos Varela Alvarez y Enoc Ortiz. Entre los principales argumentos, que el caso fuera tratado e investigado como una desaparición forzosa a manos de la Policía porque así lo trató la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 1997 cuando condenó al Estado de Mendoza a indemnizar a la madre de Guardati.

Para resolver de ese modo, la CIDH tuvo en cuenta un informe elaborado y presentado por una comisión ad hoc de abogados, entre ellos Alejandro Piña (hoy juez de sentencia de la Justicia Federal), Eduardo Orozco y Alejandro Poquet. Esa pesquisa concluyó que Guardati fue visto por última vez en la seccional 40 del barrio La Estanzuela e inmediaciones, a la salida de un baile en una escuela, y bajo responsabilidad de personal policial de guardia.

Ya a fines de los 90 esos letrados y la CIDH consideraron al caso Guardati como de desaparición forzosa como se tipifica cuando intervienen fuerzas de seguridad.

El caso

Guardati desapareció en el barrio La Estanzuela el 24 de mayo de 1992 entre las 4.30 y las 5 de la mañana aproximadamente. Tenía 21 años y estaba con amigos a la salida de la escuela Atilio Anastasi. Por entonces gobernaba Mendoza el justicialista Rodolfo Gabrielli.

El caso estuvo en manos de al menos 14 magistrados entre jueces, fiscales y camaristas encargados de atender planteos de apelación. Nunca hubo culpables aunque sí policías bajo sospecha, imputados, procesados y finalmente desvinculados.

El caso fue llevado a los tribunales internacionales, donde le dieron la razón a la madre de Guardati y condenaron a Mendoza a pagar una fuerte indemnización en dinero.

En casi 30 años hubo allanamientos y excavaciones en cementerios en busca de los restos de Guardati. Pero jamás hubo resultado exitoso porque los ADN practicados posteriormente daban negativo respecto de la madre, Hilda Lavizzari.