Torturas con picanas. Desapariciones. Mentiras a los familiares de las víctmas. Formar pirámides humanas donde moría asfixiado quien estaba abajo. Abuso sexules. Estos son algunos de los delitos por lo que se ordenó la detención de 49 ex policías que prestaban servicios durante la última dictadura militar.
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Los ex uniformados prestaban servicios en el Departamento de Información de la Policía de Mendoza, conocido como D2. El edificio ubicado en Belgrano y Virgen del Carmen de Cuyo fue el centro clandestino de detención más importante de la provincia durante el Gobierno de facto.
Los 49 sospechados ya estaban imputados en la investigación que lidera le fiscal federal Dante Vega, pero el juez de primera instancia no había resuelto si debían quedar detenidos o no.
Es por esto que el magistrado, en conjunto con los abogados querellantes, decidieron apelar la resolución y solicitar que se dicte la prisión preventiva contra los sospechosos debido la gravedad de los hechos que se les imputan -homicidios y torturas, entre otros- y porque podrían entorpecer la investigación al haber formado parte de las estructuras de poder.
Los acusadores agregaron que, debido a la edad de la mayoría de los acusados, queden en prisión domiciliaria hasta que el Cuerpo Médico Forense (CMF) de la Nación evalúe si pueden quedar alojados en la penitenciaría.
Vale destacar que de los 49 imputados, 12 ya se encuentran privados de su libertad al tener condenas o procesos anteriores en su contra.
Los abogados defensores pidieron que se mantenga la libertad asegurando que la investigación "recién inicia", "no hay solidez" en la imputación y reclamando el principio de inocencia.
Sin embargo, los jueces Manuel Pizarro y Gustavo Castiñeira de Dios ordenaron la detención domiciliaria de los imputados en la megacausa.