Tres jueces de apelación del fuero Civil rechazaron la pretensión del Arzobispado de Mendoza de que la Justicia provincial se declare incompetente y traspase a los Tribunales Federales una demanda por violencia de género institucional que presentó una mujer y que ya se tramita.
Este expediente es la derivación de una denuncia contra un diácono permanente de San Martín, a quien la Curia había suspendido.
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La denunciante expuso que el hombre la había hecho abortar dos veces. Luego cuestionó que la Curia le negó información y participación en la pesquisa interna a pesar de haber sido denunciante.
La decisión de los camaristas Gustavo Colotto, Sebastián Márquez Lamená y Claudia Ambrosini Roccuzzo fue unánime y coincidió con el dictamen del fiscal Esteban Garcés fechado hace casi un año.
Ahora, la causa vuelve a manos de la jueza de primera instancia María Vacas, adonde se encamina a tener sentencia.
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Se arribó a esta instancia porque el Arzobispado cuestionó la intervención de la Justicia de Mendoza bajo el argumento de que el Derecho Canónico (que rige los procedimientos investigativos internos de la Iglesia) está regido por tratados internacionales.
La demanda es por daños y perjuicios y la demandante reclamó una indemnización de $1 millón.
Se trata del primer caso de violencia de género institucional que se tramita en el Poder Judicial.
Qué dicen los jueces