Un fiscal rechazó la pretensión del Arzobispado de Mendoza de sacar de los tribunales provinciales un juicio por el cual debería pagar $1 millón de indemnización para llevarlo a la Justicia Federal y que sea resuelto según leyes y jurisprudencia nacionales.
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Calificado como de violencia de género institucional, este pleito deriva de una investigación interna por la denuncia contra un diácono permanente de la zona Este, hoy suspendido en sus funciones.
En septiembre de 2018, una mujer, cuya identidad se mantiene en reserva, acusó al hombre -también sus datos personales se resguardan- de haberla obligado a abortar dos veces en 2008 y 2011.
También dijo que la había engañado, ya que tras varios años de relación sentimental se enteró de que él mantenía una doble vida.
Más tarde demandó a la Iglesia porque, dijo, "lesionó la garantía de defensa en juicio y los derechos a la información fundada y a conocer la verdad". Fue cuando, a través de sus representantes legales, quiso saber cómo avanzaba la pesquisa interna contra el diácono.
La estrategia
El planteo de la Curia apuntaba a que la Justicia provincial se declarara incompetente y enviara el caso a la Justicia Federal.
Todo bajo el argumento de que la pesquisa contra el denunciado y sus acciones procesales se realizaron de acuerdo a leyes nacionales vigentes y al Concordato con la Santa Sede de 1966, que rigen el funcionamiento interno.
El fiscal Esteban Garcés, de la Fiscalía Civil 3, dictaminó en el expediente 13-04826184-6 que se tramita en el juzgado de la magistrada María Verónica Vacas. que el pleito debe ser resuelto por la Justicia Provincial, ya que las normativas federales invocadas por la Iglesia no son suficientes para que la Justicia provincial se aparte.
