Llegó a la Corte el caso de la mendocina que truchó un remate para subastar a un 90% más barato
Laura Bacigalupo, ex funcionaria judicial de San Rafael, fue condenada por sacarle un número a la base del inmueble. La Corte Suprema desestimó su queja
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, ministros de la Corte Suprema de Justicia.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió desestimar un planteo de María Laura Bacigalupo Frías, ex secretaria tributaria del Juzgado Federal de San Rafael, condenada en 2018 por modificar las cifras de base del remate de un inmueble.
La causa llegó al máximo tribunal después de que la mujer presentara un recurso extraordinario de queja. El mismo fue considerado inadmisible por Horacio Rosatti, Carlos Rosenktranz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, que fue quien se explayó en el voto.
El Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza falló en primera instancia en 2018. Ahora el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Foto: Axel Lloret /Diario UNO
La condena
El caso tiene ya sus años pero el andar por los tribunales federales del país no termina. El último revés judicial para la mendocina llegó este martes, cuando los cuatro ministros del máximo tribunal desestimaron un recurso de queja directo interpuesto contra la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que confirmó la condena del Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza.
Fue el 28 de agosto de 2018 que los jueces Alejandro Waldo Piña, María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli hallaron culpable a la funcionaria judicial mendocina, que en su momento estaba bajo el mando del juez Héctor Raúl Acosta. En su fallo consideraron que alteró dolosamente el monto de la base de un remate para que el inmueble se terminara subastando por un precio visiblemente inferior.
La mujer fue condenada a un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por tres años por los delitos de falsificación por adulteración de instrumento público e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La defensa apeló esa decisión, pero la misma fue confirmada en Casación Penal.
El caso relacionado con los remates judiciales
El 6 de noviembre de 2009 se ordenó subastar un inmueble y se fijó el monto en $111.913. Pero el decreto fue alterado y en la aclaración numérica de esa cifra se omitió colocar el número que formaría la centena de mil. Así, quedó plasmado en el proveído que la base para el remate era de apenas $11.913.
La clave para hallarla culpable fue que conforme letra, firma y sello de la aclaración puesta al pie del proveído, la exfuncionaria judicial suprimió de la base de la subasta la palabra "ciento", salvando al pie del proveído con la certificación "s/borrado vale".
Finalmente, la subasta se llevó a cabo en febrero de 2010 sobre esa base de $11.913, un 90% menos de lo previsto.
En el proceso, el inmueble fue adquirido por una escribana por $22.700 pero cuando se advirtió el "error", se anuló la subasta y se inició la investigación.
Tanto la compradora como el martillero público fueron también investigados, y de hecho la fiscal María Gloria André había pedido dos años de condena para ellos, pero los jueces los absolvieron por el beneficio de la duda.
La que sí resultó culpable fue María Laura Bacigalupo Frías, a quien el Tribunal condenó en su momento a un año y medio de prisión e inhabilitación absoluta por tres años.
