La Suprema Corte anuló un fallo y mandó a juicio por abuso sexual a dos monjes del Cristo Orante
El caso de los monjes Diego Roque Moreno y Jorge Oscar Portillo por abuso sexual debe ir a juicio por decisión de la Corte, que anuló el sobreseimiento de un tribunal
El Monasterio del Cristo Orante de Tupungato fue cerrado por la Iglesia Católica tras las denuncias por abusos.
La Suprema Corte de Justicia anuló el sobreseimiento que benefició a dos monjes del Monasterio Cristo Orante de Tupungato en 2022 y ordenó que sean llevados a juicio oral por el delito de abuso sexual en perjuicio de un joven novicio.
Mario Adaro, juez de la Corte que mandó a juicio a los monjes del Monasterio Cristo Orante tras anular un fallo previo.
Los magistrados criticaron la resolución previa de los jueces que dictaron el sobreseimiento por realizar una "valoración sesgada de las pruebas y aplicar estereotipos de masculinidad hegemónica al interpretar el silencio de la víctima como un consentimiento válido".
El tribunal destacó que en el Monasterio Cristo Orante existía una "relación asimétrica de poder y manipulación psicológica" que vició la voluntad del denunciante, un joven novicio.
La Corte ordenó que los sacerdotes Moreno y Portillo sean llevados a juicio oral "para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia".
Monjes Cristo Orante-Moreno y Portillo
Los monjes del Monasterio Cristo Orante de Tupungato deben ir a juicio por decisión de la Suprema Corte de Justicia.
Según los supremos Adaro y Valerio, cuando el caso fue tratado por el Tribunal Penal Colegiado 1 del Valle de Uco existían elementos de convicción suficientes y una "fuerte probabilidad" de participación punible que justificaban que el caso se resolviera en un debate oral y público, garantizando el acceso a la justicia de la víctima".
Qué dijo la Corte sobre el caso de los monjes del Cristo Orante
Los argumentos principales de la Suprema Corte para anular el sobreseimiento de los sacerdotes del Monasterio del Cristo Orante en el fallo del TPC 1 apuntan a la "valoración arbitraria de la prueba" y una "interpretación errónea del consentimiento en contextos de asimetría de poder".
Puntualmente, entre otros aspectos, que no se ponderaron adecuadamente los informes del Equipo de Abordaje de Abusos Sexuales (EdeAAS) ni los testimonios de profesionales que coincidían en que el relato del denunciante era verosímil y coherente, y presentaba indicadores típicos de estrés postraumático derivado de abusos sexuales.
