Este jueves comenzó a cerrarse el último capítulo judicial que dejó el femicidio en Maipú de Florencia Romano. Una jueza civil de primera instancia ordenó que el Gobierno provincia indemnice con $12 millones de pesos a la familia de la menor de 14 años asesinada a fines de 2020, considerando que tuvo la mayor parte de la responsabilidad en el hecho de sangre.
Millonaria indemnización
La jueza civil, sobre el caso Florencia Romano: "El femicidio se podría haber evitado con fuerte probabilidad"
La magistrada Marina Lilen Sánchez admitió parcialmente la demanda que realizó los padres y el hermano de la adolescente que fue víctima de un femicidio en Maipú a fines de 2020. Consideró que el Gobierno tuvo un 70% de responsabilidad en el hecho
Florencia Romano fue víctima de un femicidio en Maipú a fines de 2020.
La titular del Tribunal de Gestión Asociada 3, Marina Lilen Sánchez, se inclinó por los argumentos que vertieron los padres y el hermano de Florencia Romano en el reclamo civil. Al mismo tiempo rechazó la respuesta del Ejecutivo, que generó polémica ya que responsabilizó a los progenitores por el femicidio de su hija. Pero la magistrada se distanció considerablemente de los $300 millones que los demandantes solicitaban como resarcimiento. Punto por punto, las partes más relevantes del fallo:
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La responsabilidad del Estado
La magistrada hizo un pormenorizado análisis de la actuación del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), más allá de que en sede penal ya fue condenada la operadora que desatendió la llamada al 911 que hizo un vecino en el momento en que Florencia Romano era atacada por Pablo Arancibia, el femicida: "Es dable inferir que, previsiblemente, se podía evitar la muerte de arribar presonal policial al lugar en tanto la denuncia de la posible comisión del delito resultó tempestiva".
La conjueza fue contundente al aseverar que el asesinato se podría haber evitado "con fuerte probabilidad" ya que "existían recursos materiales y humanos para resguardar la vida e integridad física", en referencia a que el hecho ocurrió a cuatro cuadras de distancias de una comisaría y con tres móviles policiales ubicados a escasos metros del domicilio del lugar del hecho.
En otro pasaje de la sentencia civil consideró que la reponsabilidad del Estado fue del 70%, en tanto que el procentaje restante corresponde al autor material del femicidio en Maipú.
La responsabilidad de los padres
Semanas atrás se conoció la contestación que realizó el representante legal del Gobierno provincial a la demanda, donde negó tener responsabilidad en el hecho y apuntó a los padres de Florencia Romano en un 50% de la muerte de su propia hija argumentando que no cumplieron en forma correcta las tareas de vigilancia y cuidado.
Esta situación generó malestar en el entorno de la víctima fatal y motivó una movilización en la explanada de Casa de Gobierno liderada por José Romano y Cristina Mopardo, junto a sus abogados Agustín Magdalena y Cristian Vaira Leyton, y también organizaciones feministas.
La conjueza Sánchez rechazó de plano este argumento ya que "no existen elementos probatorios que permitan atribuir responsabilidad a los padres de Florencia". Agregó que no es "razonable imputar el desenlace final a sus padres, quienes recurren a la Justicia en busca de consuelo y reparación".
El monto de dinero
Los familiares de Florencia Romano habían exigido una indemnización de $300 millones de pesos por daño moral, daño psíquico, pérdida de chance, valor vida y daño al proyecto de vida. Sin embargo, la sentencia civil se alejó bastante de este monto y al mismo tiempo duplicó una oferta de casi $6 millones que había realizado el Gobierno provincial cuando se trabó la demanda para evitar ir a juicio.
La conjueza explicó con argumentos y fórmulas matemáticas la forma en que arribó a determinar que el resarcimiento debe ser de $12 millones. Por un lado se basó en las pericias psicológicas que determinar una incapacidad del 30% en la madre de la adolescente, del 22% en el caso del padre y del 18% en el caso del hermano.
También tuvo en cuenta que "el mayor daño indemnizable es la muerte de un hijo" y que "resulta razonable para que los accionantes adquieran bienes o lleven a cabo actividades que hagan de consuelo para mitigar su dolor".
Sobre la pérdida de chance, que es un rubro que analiza si la persona fallecida podría haber ayudado económicamente a los demandantes, consideró que "Florencia era una adolescente a la que se le truncó la posibilidad concreta de estudiar, conseguir un trabajo, formar una familia y llevar a cabo cualquier actividad destinada a lograr su realización personal".